La reactivación de la minería en El Salvador, prohibida desde 2017 por los graves daños ambientales que causa, ha generado una creciente ola de rechazo ciudadano. En respuesta a las protestas, el presidente Bukele anunció en cadena nacional el pago de los recibos de agua y energía del mes de enero, medida que ha sido calificada de populista por diversos sectores críticos al gobierno.
Reactivación minera y su rechazo ciudadano
La oposición a la explotación minera se basa en la contaminación y la afectación a los recursos hídricos, especialmente en zonas como La Unión y Cabañas. Ambientalistas recordaron el caso del río San Sebastián, donde supuestamente aún persisten residuos de la antigua mina, contradiciendo la postura oficial de que el agua no se ve afectada.
Medida populista o estrategia gubernamental
En su anuncio, Bukele ofreció pagar los servicios de agua y luz para aliviar la presión económica sobre los salvadoreños, pero críticos señalan que esta acción busca desviar la atención del impacto ambiental y “comprar la voluntad” de la población.
Daños ambientales denunciados
Organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua han subrayado los daños irreversibles que la minería causa en ríos y suelos. Además, denuncian que la medida de pagar los servicios públicos no soluciona de fondo el problema de la degradación ambiental.
Reacciones en redes sociales
La plataforma X fue clave en la difusión del rechazo, con hashtags como “No a la minería” y “Sí a la vida”. Usuarios acusaron al gobierno de usar fondos públicos para pagar los servicios, describiéndolo como “saludar con sombrero ajeno”.
Posición de Nuevas Ideas y defensa del gobierno
Diputados del partido oficialista defendieron la decisión de Bukele como una forma de “alivio” para la población, mientras que opositores y organizaciones ambientalistas aseguran que el verdadero motivo es contener las protestas y minimizar las críticas al daño ambiental.
