La polémica crece en torno a Nayib Bukele, quien se ha enfocado en la extradición de pandilleros y la ampliación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para recibir delincuentes deportados, dejando de lado la protección migratoria de miles de salvadoreños que viven en el extranjero. Para la comunidad en EE.UU., esta prioridad gubernamental representa un “golpe bajo” que contradice las promesas de campaña y evidencia el olvido hacia la diáspora que envía remesas salvadoreñas.
Promesas incumplidas hacia la diáspora salvadoreña
Durante su primera elección, Bukele buscó el voto exterior, ilusionando a los connacionales con mejoras en su estatus migratorio. Sin embargo, no ha impulsado gestiones concretas para evitar deportaciones masivas, lo que ha generado indignación en aquellos que sostienen la economía salvadoreña desde el extranjero. Varios salvadoreños en EE.UU. señalan que fueron “utilizados” para su reelección y ahora se sienten abandonados ante posibles expulsiones.
Extradición de pandilleros y sospechas de pactos
Analistas y diputados de oposición, como Francisco Lira (ARENA), advierten que Bukele pretende traer de vuelta a cabecillas de grupos como MS-13 y Tren de Aragua para evitar juicios en EE.UU. y posibles revelaciones de pactos con estructuras criminales. Según la embajadora Milena Mayorga, El Salvador ha pedido la extradición de figuras como “Crook”, un pandillero que podría comprometer la imagen presidencial si hablara de tratos confidenciales.
La abogada Ruth López cuestiona la falta de iniciativas para la diáspora salvadoreña, afirmando que Bukele antepone a los delincuentes en lugar de defender a los compatriotas en riesgo de deportación. Además, la aparente negociación incluye un pago “relativamente bajo” de EE.UU. a El Salvador por recibir criminales deportados, lo que para muchos podría alentar nuevas redes de delincuentes dentro del país.
Un El Salvador sin capacidad para recibir deportados
Expertos en migración y derechos humanos, como Celia Medrano, señalan que El Salvador carece de planes efectivos para acoger a retornados, incluyendo aquellos que no tienen antecedentes criminales. El mercado laboral salvadoreño se encuentra en crisis, pues cada año ingresan 50,000 nuevos trabajadores, pero solo entre 13,000 y 15,000 consiguen empleo formal, según William Pleites de Flacso El Salvador.
Esto agravaría la situación de los deportados, que a menudo terminan en el sector informal o en condiciones de alta vulnerabilidad. Para la diáspora, la postura gubernamental refuerza la idea de que el presidente Bukele ha “dado la espalda” a quienes realmente contribuyen al país con remesas y mantienen a flote la economía familiar de miles de salvadoreños.
Conclusión
La decisión de priorizar la extradición de pandilleros y la apertura del CECOT para albergar delincuentes contrasta con la ausencia de políticas migratorias que protejan a la diáspora salvadoreña. Mientras Bukele gana visibilidad mediática al presentarse como un “duro” contra el crimen, miles de connacionales en EE.UU. permanecen en un limbo migratorio, sintiéndose traicionados y abandonados por un gobierno que prometió apoyo en campaña, pero ha preferido negociar con criminales.
