Las cárceles en El Salvador bajo el régimen de excepción están marcadas por denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos, según testimonios de ex detenidos.
Sin embargo, estas prácticas no parecen aplicarse a los mareros encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñado exclusivamente para las jerarquías pandilleriles.
Testimonios de abusos y torturas en cárceles salvadoreñas
Bajo el régimen de excepción, cientos de salvadoreños han sido capturados arbitrariamente. Ex detenidos narran torturas, negación de atención médica y procesos judiciales sin garantías mínimas. Centros como Mariona, Izalco y Apanteos son señalados como los principales lugares donde ocurren estas violaciones.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, denunció que las torturas en cárceles como Mariona buscan forzar confesiones de delitos no cometidos. En Izalco, Sonsonate, hay al menos 124 expedientes que documentan torturas contra personas sin vínculos con pandillas mientras esperaban su liberación.
CECOT: Una cárcel con privilegios para pandilleros
En contraste, las condiciones en el CECOT han generado críticas. Los detenidos en esta megacárcel parecen recibir un trato preferencial: atención médica adecuada, alimentación suficiente y hasta eventos como conciertos.
Familiares de reos en cárceles como Mariona cuestionan por qué el gobierno solo muestra el CECOT a la prensa internacional. Según una madre de un detenido en Mariona:
“Este gobierno corrupto vende una falsa realidad. Que vengan a comprobar el hacinamiento, la falta de agua y atención médica en otras cárceles”.
Denuncias internacionales sobre el régimen de excepción
La situación en las cárceles de El Salvador ha llamado la atención de la comunidad internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas estadounidenses, como Patrick McGovern, han solicitado el fin del régimen de excepción. McGovern criticó la falta de debido proceso y el uso del régimen para reprimir a opositores políticos y civiles.
“Un estado de excepción sin garantías legales, donde personas inocentes mueren bajo custodia, es injusto y erróneo”, señaló el congresista.