El Gobierno de Nayib Bukele ha enfocado sus esfuerzos en destacar el modelo carcelario del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), permitiendo únicamente visitas de medios de comunicación alineados al Ejecutivo.
Sin embargo, se niega el acceso al resto de los penales, como Mariona e Izalco, donde las condiciones de los reclusos bajo el régimen de excepción han sido objeto de duras críticas por supuestas torturas y negligencias.
CECOT: El emblema del gobierno de Bukele
El CECOT, inaugurado con gran despliegue mediático, ha sido presentado como un modelo de rehabilitación para líderes pandilleros. Allí, los internos disfrutan de tres comidas diarias, actividad física, atención médica e incluso programas culturales como conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo el programa Cero Ocio.
No obstante, voces críticas aseguran que este trato privilegiado podría ser resultado de negociaciones con pandillas, como parte de un acuerdo para reducir la violencia y que garantizó el éxito electoral del gobierno.
Mientras tanto, la administración de Bukele continúa negando las acusaciones de tortura o tratos inhumanos en otros centros penales y acusa a las organizaciones que velan por los derechos humanos como defensores de criminales, incluso ha montado una persecución política contra éstas.
Condiciones alarmantes en Mariona e Izalco
A diferencia del CECOT, en las cárceles de Mariona e Izalco, los relatos de exreclusos y familiares revelan un panorama sombrío. Según la organización Cristosal, entre el 15 de abril de 2024, murieron 261 adultos y 4 niños encarcelados bajo el régimen de excepción. En Izalco, se registraron 127 muertes, representando el 37 % de las víctimas.
Familiares denuncian desnutrición severa, extorsiones para “paquetes alimenticios” y pagos como la reciente solicitud de $75 para una cena navideña, cuestionando por qué los reclusos del CECOT parecen estar mejor nutridos.
Madres piden transparencia y equidad
Madres de detenidos exigen que las visitas mediáticas se amplíen a todos los penales para mostrar “las dos caras de la moneda”. Critican la parcialidad de los medios afines al Ejecutivo, quienes presentan únicamente una narrativa favorable al gobierno.
Por su parte, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que el régimen de excepción en El Salvador es represivo e indiscriminado, y contraviene tratados internacionales al no garantizar el respeto por los derechos humanos de los presos sin vínculos probados con pandillas.
Esta información revela un fuerte contraste entre la imagen promovida por el gobierno y las condiciones reales denunciadas en otros centros penitenciarios. Las críticas internacionales y locales instan al Ejecutivo a garantizar un trato equitativo y transparente en todos los centros penales.
