El cierre de escuelas en El Salvador marcó el comienzo del año lectivo 2025, evidenciando las tensiones en torno al programa “Mi Nueva Escuela” impulsado por Nayib Bukele. El recorte al presupuesto educativo, estimado en 34 millones de dólares, sumado al despido de maestros y la reubicación masiva de alumnos, genera incertidumbre entre padres y docentes.
Cierre de escuelas y recortes al presupuesto educativo
El Ministerio de Educación (MINED) ha justificado la clausura de varios centros escolares como parte de un plan de remodelación y optimización de recursos. Sin embargo, críticos señalan que se priorizan otras áreas —como publicidad o seguridad— antes que la inversión en la infraestructura escolar, lo cual deja a miles de estudiantes sin un lugar adecuado para recibir clases.
La comunidad educativa denuncia que esta política afecta sobre todo a las zonas rurales, donde el acceso a la educación ya es limitado. Además, el recorte al presupuesto educativo de 34 millones de dólares ha profundizado el deterioro de las instalaciones y afectado la compra de insumos básicos para la enseñanza.
El programa “Mi Nueva Escuela” y sus promesas incumplidas
El presidente Nayib Bukele anunció en 2022 el programa “Mi Nueva Escuela”, un plan ambicioso para modernizar 5,150 centros escolares. Sin embargo, hasta la fecha solo se han intervenido 424, dejando a la mayoría sin mejoras. Padres de familia y organizaciones magisteriales consideran que las promesas del gobierno se han convertido en “letra muerta”, al no existir un avance significativo ni un calendario de ejecución claro.
Como ejemplo, el pasado 13 de enero, en el centro escolar Santa Margarita, en Cuscatancingo, más de 400 estudiantes se quedaron sin cupo tras el cierre repentino de la institución, evidenciando la carencia de acciones concretas para garantizar la continuidad educativa.
Despidos de maestros y hacinamiento escolar
Otro problema grave es la reubicación masiva de alumnos en centros educativos que ya tenían cupo completo. Se ha aumentado el número de estudiantes por aula hasta llegar, en algunos casos, a 28 o más, generando un ambiente de hacinamiento escolar que impacta la calidad de la enseñanza.
En paralelo, sindicatos magisteriales denuncian el despido de maestros sin causa justificada, lo que agrava la escasez de personal y eleva la carga de trabajo para los docentes que permanecen en sus puestos. Para los representantes del Frente Magisterial Salvadoreño, estos despidos forman parte de una estrategia para reducir costos a expensas de la calidad educativa.
Impacto en las comunidades y protestas
Las protestas no se han hecho esperar. Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño, declaró a YSUCA noticias que “desde Ahuachapán hasta La Unión se están cerrando centros educativos”, señalando que la medida violenta el derecho a la educación. Zúniga fue separada de su cargo tras participar en una de estas marchas, lo que ha generado preocupación sobre posibles represalias contra quienes alzan la voz.
Padres de familia también han salido a las calles y a redes sociales para denunciar que “cerrar una escuela es más fácil que repararla”, evidenciando su descontento ante la falta de voluntad política para destinar los recursos necesarios a la educación.
Reacciones de los padres de familia y críticas al gobierno
Los padres critican el enfoque del gobierno de Bukele, que —en su opinión— destina grandes sumas a publicidad y a otros sectores mientras la educación pública se mantiene en crisis. La incertidumbre sobre la disponibilidad de cupos y la calidad de la enseñanza se suma a la preocupación por el futuro de los hijos en un país con altos índices de desigualdad.
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPMA) ha exigido transparencia en el uso de los fondos asignados a la educación y un plan de acción que garantice la reparación y modernización de las escuelas, tal como se prometió en la presentación inicial de “Mi Nueva Escuela”.
¿Un futuro incierto para la educación salvadoreña?
Con el cierre de escuelas en El Salvador, el despido de maestros y la ineficiencia en la ejecución del programa “Mi Nueva Escuela”, el panorama luce crítico. Los expertos señalan que, sin una inversión adecuada y una planificación efectiva, la calidad educativa seguirá deteriorándose, afectando a las generaciones futuras.
Mientras tanto, padres de familia, docentes y organizaciones civiles continúan exigiendo que el gobierno priorice la educación, garantizando espacios dignos de aprendizaje. La demanda principal es clara: invertir en la niñez y la juventud salvadoreña para asegurar un futuro con oportunidades y desarrollo real.
