El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desatado polémica al calificar como “absurda” la prohibición de la minería metálica, abriendo la puerta a inversores interesados en la explotación de oro en el país.
Esta medida revierte la ley aprobada en 2017, cuando el Congreso, de forma unánime, prohibió la minería metálica debido a su alto impacto ambiental.
Un País en Crisis Ambiental
El Salvador ya enfrenta graves problemas ambientales. Según la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el país figura entre los ocho con mayores niveles de deterioro ambiental en el hemisferio occidental.
A pesar de esta realidad, el gobierno actual ha otorgado permisos para actividades extractivas en áreas protegidas, acelerando la destrucción del medio ambiente y el patrimonio cultural.
Impacto en los Recursos Hídricos
La minería metálica representa una amenaza directa para los bienes hídricos, uno de los recursos más afectados por esta actividad. La explotación minera destruye bosques, contamina suelos agrícolas y cuerpos de agua, profundizando la pobreza y agravando el cambio climático. La cordillera del Bálsamo, un área protegida, ya está siendo afectada por estas prácticas.
Corrupción y beneficios fiscales
Voces críticas señalan que el gobierno de Bukele prioriza el lucro personal y los intereses de su círculo cercano sobre el bienestar del país.
Según denuncias, el presidente estaría beneficiando a familiares, amigos y socios con expropiaciones de inmuebles históricos para negocios exclusivos con exenciones fiscales.
“El presidente ve a El Salvador como una ‘gallina de los huevos de oro’ gracias a la corrupción estatal,” aseguran detractores.
Represión contra los opositores
La reactivación minera ha traído consigo una escalada en la persecución de líderes comunitarios y ambientalistas que se oponen al proyecto. Un caso emblemático es el de miembros de la comunidad Santa Marta, quienes han sido encarcelados y enfrentan acoso judicial por su activismo.
“La negativa a la minería metálica es considerada un delito por el gobierno,” denuncian organizaciones sociales, subrayando que el Estado utiliza el aparato judicial para proteger los intereses de la élite gobernante.
Bukele y su cambio de postura
En 2012, Bukele celebró que El Salvador ganara un arbitraje internacional contra la minera canadiense Pacific Rim, describiendo la noticia como “la mejor del día.” Ahora, asegura que la prohibición es absurda y afirma que el país tiene depósitos de oro valuados en más de $131,565 millones, equivalentes al 380 % del PIB nacional.
¿Un Futuro ambientalmente sostenible o un país en venta?
El giro de Bukele ha generado preguntas sobre su integridad y las verdaderas motivaciones detrás de esta medida. Algunos salvadoreños se preguntan cuánto le habrán ofrecido para cambiar de postura y si estos ingresos estarán ocultos, como los generados por el bitcoin.
Con esta decisión, el gobierno de El Salvador parece priorizar la riqueza minera sobre la protección ambiental y el bienestar de sus ciudadanos. ¿Será el oro el precio a pagar por la destrucción del futuro del país?
