El reciente arresto de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo cargos de enriquecimiento ilícito, ha generado fuertes cuestionamientos sobre una posible persecución política dirigida desde el gobierno de Nayib Bukele. Para analistas y representantes de la sociedad civil, la captura de Chicas, quien en 2018 ganó un juicio por difamación contra Bukele, es vista como parte de un “ajuste de cuentas”.
Un litigio que marcó la relación Bukele–Chicas
En 2018, Bukele enfrentaba un juicio por difamación entablado por Chicas, proceso que ponía en riesgo su candidatura. Finalmente, Bukele optó por una conciliación y pagó 50,000 dólares para evitar consecuencias políticas. Seis años después, el mandatario ordena la detención de Chicas, un movimiento interpretado como venganza política por parte del gobierno salvadoreño.
¿Lucha contra la corrupción o persecución de opositores?
Mientras Bukele justifica la captura de Eugenio Chicas en su “guerra contra la corrupción”, críticos y organizaciones sociales aseguran que esta narrativa se aplica selectivamente contra quienes disienten del régimen. A pesar de que algunos funcionarios cercanos al presidente han sido señalados en listas de corrupción de Estados Unidos, no han enfrentado consecuencias legales. Esta doble vara refuerza la percepción de un doble rasero en la supuesta lucha anticorrupción.
Un proceso con tintes políticos
La detención de Chicas coincide con el caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, donde el exmagistrado figura como testigo de descargo. Según diversos analistas, su captura busca silenciarlo e intimidar a otros críticos del gobierno. Reformas recientes al Código Penal elevaron las penas por enriquecimiento ilícito de 10 a 15 años, lo que acrecienta la sospecha de que Bukele utiliza instrumentos legales para neutralizar a sus opositores.
Antecedentes de enriquecimiento ilícito
La Corte Suprema de Justicia detectó en 2022 indicios de enriquecimiento ilícito en Eugenio Chicas por 130,768 dólares, y la Fiscalía General de la República elevó la cifra a 282,494.21 dólares en 2023. En ese mismo fallo, se ordenó la devolución de más de 202,000 dólares al Estado. Aunque el caso legal existe, el contexto político en el que se produce la detención —y el historial conflictivo entre Bukele y Chicas— levantan sospechas sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Consolidación de poder y silenciamiento de voces críticas
Para el jurista José Marinero, la narrativa anticorrupción del gobierno de Nayib Bukele es meramente instrumental. Se persigue a antiguos adversarios políticos mientras se protege a aliados cercanos al presidente, varios de los cuales han sido acusados de manejos irregulares sin enfrentar procesos. La captura de Chicas se convierte así en otro eslabón de lo que muchos denominan la “cacería” de opositores, y confirma el temor de que las instituciones salvadoreñas estén siendo utilizadas para fines de venganza política.
