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#ElSalvador Estados Unidos agrega en #ListaEngel a los cinco magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional #HastaCuandoSV
Además de usurpar esta Sala de lo Constitucional desde el golpe del 1 de mayo, los abogados impuestos por el oficialismo fueron agregados a la lista de corruptos y antidemocráticos por emitir el 3 de septiembre una resolución contraria a la Constitución.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, agregó a los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional por el oficialismo a la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
“En apoyo a las aspiraciones democráticas de la gente de El Salvador y Guatemala, estamos nombrando a cinco magistrados de la Corte Suprema de El Salvador (…) a la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”, tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Esta designación implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana por al menos tres años y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las sanciones.
“Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”, detalla la designación del Departamento de Estado.
“Los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”, agrega la institución rectora de la diplomacia estadounidense.
Además, añade que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.
Además de usurpar esta Sala de lo Constitucional desde el golpe del 1 de mayo, los abogados impuestos por el oficialismo emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.
Jean Manes reacciona
Asimismo, reiteró la condena que hizo un día después de la resolución que avaló la reelección de Nayib Bukele. “Tal como lo expresé el pasado 4 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomadas por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional”, dijo Manes.
A su vez, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó que “estas restricciones de visa son un paso más que estamos dando para promover la democracia y los esfuerzos de combate a la corrupción de El Salvador y Guatemala”.
Esto último, pues también designaron a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, y al secretario general de la Fiscalía de ese país, Ángel Pineda.
Por su parte, la congresista demócrata Norma Torres dijo que “la lista que el Departamento de Estado público hoy confirma acciones antidemocráticas significativas en la región por parte de funcionarios que interfieren con investigaciones independientes y trabajan contra aquellos que defienden el estado de derecho”. Además, “es un paso importante para hacer rendir cuentas a los funcionarios de alto nivel y sus cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos”, consideró Torres.
Bukele acusa a EE.UU. de “injerencia”
El presidente Bukele acusó este lunes a Estados Unidos de cometer “injerencia” en la política de El Salvador después de que se incluyeran a cinco magistrados de la Sala impuesta en una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos. Tal como hizo anteriormente, cuando varios de sus funcionarios aparecieron señalados, volvió a restarle importancia a la Lista Engel y dijo que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”.
Sin embargo, Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal, le respondió a Bukele que “corrupción es: aceptar un cargo para el cual no se está calificado, especialmente si se vulnera una resolución de la legítima Sala de lo Constitucional”.
Magistrados impuestos se suman a lista de 14 sancionados
Los abogados Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm García, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas Lovos y Óscar Alberto López Jerez son los personajes que a partir de este 20 de septiembre se unen a la deshonrosa Lista Engel.
Ellos ocupan este cargo desde que el 1 de mayo, los diputados oficialistas removieran ilegalmente a los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional. Esto, en represalia porque limitaron abusos de poder de Nayib Bukele durante la pandemia de covid-19.
Ese día también se removió por la fuerza al fiscal general Raúl Melara y se colocó en su lugar a Rodolfo Delgado, quien ha mostrado estar alineado al oficialismo. Sin embargo, Estados Unidos no lo designó en la Lista Engel.
Los cinco abogados que ocupan la Sala de lo Constitucional son exfuncionarios de ARENA y el FMLN y dos empresarios que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos por actos corruptos o antidemocráticos.
Entre las personas cercanas al presidente actual están su ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.
Además de esta designación, Estados Unidos recortó fondos de cooperación a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas estas instituciones han sido capturadas y desnaturalizadas por el oficialismo.
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Presidente Bukele debe separar de sus cargos a señalados en lista Engel, apuntan analistas en temas de corrupción
Según la jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, “en un marco de independencia de poderes, el presidente debería separar de sus cargos a los funcionarios para que sean investigados”, sin embargo, cree que sus acciones serán contrarias a eso.
Que los nombres que figuran en la lista Engel divulgada hoy por el Departamento de Estado de EE.UU. no sorprenden, es una de la opiniones que especialistas en temas de corrupción comparten, sobre todo, porque desde que se conocieron las compras irregulares que algunas carteras de Estado realizaron durante los peores momentos de la pandemia, era algo que se esperaba.
La Lista, que incluye los nombres de personas cercanas al presidente Nayib Bukele, como lo son la jefa de Gabinete, Carolina Recinos y el asesor legal de la Presidencia, Conan Castro, no está completa a juicio de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien considera que deberían aparecer otros funcionarios como Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, y Francisco Alabí, ministro de Salud, también relacionados a la mala administración de fondos del Estado durante el estado de emergencia por covid-19.
No obstante, de acuerdo con Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, a la Lista divulgada hoy no debe restársele crédito solo por el hecho de que haya ausencia de personas que han sido vinculadas a actos corruptos, pues, probablemente, las instituciones de Estados Unidos se encuentran recabando más información sobre otros funcionarios o exfuncionarios que aún no aparecen.
Asimismo, con referencia a que la lista solo ha sido develada en una parte, López cree que posiblemente sea la lista definitiva y la única que tendremos, al menos por este año, ya que según la ley que obliga al Ejecutivo estadounidense a entregar dicha lista al Congreso, le exige que se mantenga una actualización continua de la misma, y estas actualizaciones, por lo general, se realizan año con año, y que por ese motivo el Departamento de Estado expresó a través del documento publicado que se encuentran revisando información, de forma continua, sobre funcionarios corruptos en la región.
Similar opinión tiene el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC-Funde, Wilson Sandoval, quien además agrega que la lista “no se trata de una cacería de brujas” y que por lo tanto habrá muchos nombres que no aparecerán, como el caso de exfuncionarios de gobiernos de hace veinte o treinta años, por el simple motivo de que no responden a las intenciones del gobierno de Joe Biden de atacar a la corrupción actual.
Asimismo, Escobar considera que los mencionados son parte del círculo personal del presidente, mismos que incluyen a José Luis Merino, dirigente histórico del FMLN y presunto financista de la campaña presidencial de Bukele, y que por lo tanto, era esperado que aparecieran.
Tanto Escobar como López y Sandoval consideran que tras la publicación de la lista, el presidente debería de separar de sus cargos a los señalados, sin embargo, el director ejecutivo de Acción Ciudadana cree que eso no sucederá, y que las primeras acciones que tendrá Bukele será desacreditarla, tal como lo hizo recientemente cuando mencionó que el objetivo no era el combate a la corrupción, sino “influir en la política”.
Sandoval también considera que el mandatario tomará una postura de inmadurez y en contra de la democracia, razón por la cual buscará deslegitimarla.
“La lista es integral porque incluye a funcionarios, exfuncionarios y miembros de varios partidos políticos”, destaca el representante de ALAC-Funde, a la vez que señala que es “un punto de partida para varias estrategias que Estados Unidos pretende implementar en varios rubros”, incluidos la migración y la lucha anticorrupción, por lo que advierte que su construcción no ha sido solo con la consulta de noticias publicadas en medios locales, como lo ha querido insinuar el presidente, sino por medio de sus propias agencias de investigación”.
Por su parte, la representante de Cristosal afirma que “en un marco de independencia de poderes, Bukele debería separar a los funcionarios señalados para que las autoridades como Fiscalía y Policía Nacional Civil (PNC) recolecten, soliciten e investiguen esa información que vincula a los funcionarios con actos de corrupción”, pero, no obstante, agrega que será algo difícil que suceda debido a la concentración de poder que actualmente tiene el Ejecutivo.
Con respecto a las sanciones que ya tomaron vigencia, como el retiro del visado a los señalados, Sandoval menciona que podrían aumentar en la medida en que el Gobierno salvadoreño actúe ante la publicación de la lista. “Esto es un juego diplomático”, apunta, y cree que si el presidente Bukele no hace lo que debería, las afectaciones podrían ir más allá y llegar hasta temas de interés como el envío de remesas o la situación migratoria de los connacionales en Estados Unidos.
Los funcionarios que Estados Unidos considera corruptos en El Salvador son:
–Walter Araujo, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, por lesionar el proceso democrático por la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar a candidatos políticos.
– Pablo Anliker, exministro de Agricultura vinculado a corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.
– Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por golpear el proceso democrático al asistir en la remoción ilegal de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.
– Rolando Castro, ministro de Trabajo, ha obstruido investigaciones de corrupción y ha socavado la democracia con la finalidad de dañar rivales políticos.
– Osiris Luna, director de Centros Penales, por corrupción significativa vinculada a contratos de gobierno, así como sobornos durante su gestión.
– José Luis Merino, ex viceministro para Inversión Extranjera y dirigente del FMLN, por corrupción significativa, sobornos y estar ligado a un esquema de lavado de dinero.
– Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por corrupción significativa y abusar de su autoridad como alcalde para la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales.
– Enrique Rais, operador político, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar oficiales de gobierno.
– Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele, por corrupción significativa al abusar de fondos públicos para beneficio personal y participar de un esquema de lavado de dinero.
– Carlos Reyes, diputado de ARENA, por obstruir investigaciones de corrupción y por influenciar de forma inapropiada el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
– Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea por el FMLN, por corrupción significativa, fraude y mal uso de fondos públicos.
– Rogelio Rivas, exministro de Seguridad de Bukele, por corrupción significativa al apropiarse de fondos públicos para beneficio personal.
– Adolfo Salume, por corrupción significativa y por socavar el proceso democrático al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para evitar pagar una multa.
– Luis Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por socavar el proceso democrático mediante serios e innecesarios retrasos en la preparación de las elecciones y la tabulación de resultados, así como permitir influencia maligna de China en las elecciones salvadoreñas.
