Bajo la figura de “secretos comerciales”, la información pública sobre la Ley General de Minería Metálica permanece en reserva, lo que ha aumentado las acusaciones de corrupción y vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer el alcance de estos proyectos. El gobierno de Nayib Bukele ha sido señalado por organizaciones ambientales y sociales de fomentar la opacidad en temas que afectan la salud y el futuro de los recursos naturales salvadoreños.
Una ley de la minería blindada y reservada
La Ley General de Minería Metálica, aprobada por la mayoría oficialista de Nuevas Ideas en diciembre de 2024, establece al Estado como único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos. Sin embargo, esta normativa ha sido puesta en reserva, negando a la población el acceso a datos clave. Las autoridades justifican esta medida apelando al artículo 24 de la LAIP, que califica dicha información como secreto comercial, cubriendo procesos productivos y conocimientos técnicos con un “candado” legal.
Críticos del gobierno señalan que, lejos de proteger “información sensible”, el verdadero objetivo es ocultar posibles actos de corrupción y daño ambiental que la explotación minera podría generar. Esto, según los expertos, va en contra del principio de información pública y afecta directamente la participación ciudadana en las decisiones que impactan al país.
Secretismo y opacidad como norma de gobierno
La reserva de información no es un hecho aislado; forma parte de un patrón sistemático implementado desde que Bukele asumió el poder. Varias instituciones estatales han recurrido a prácticas de secretismo en el manejo de fondos y proyectos estratégicos. En el caso de la minería, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) se escuda en la necesidad de proteger procesos y costos comerciales, una justificación cuestionada por los ambientalistas.
Organizaciones ciudadanas sostienen que el verdadero propósito es silenciar los impactos de la minería metálica, conocida por provocar contaminación de suelos y aguas subterráneas. Argumentan que este tipo de actividades ponen en riesgo el acceso al agua, la salud de la población y la integridad de ecosistemas como el río Lempa, fuente vital para más del 50 % de salvadoreños.
Una ley inconstitucional, según las organizaciones civiles
Diversos colectivos ambientales y sociales han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la nueva ley se aprobó sin consultar a los sectores afectados y sin un debate público amplio. A juicio de estas organizaciones, la promesa de una “minería sostenible” es otra maniobra para distraer de los graves riesgos que conlleva la extracción de metales, incluida la posible contaminación de agua y daños irreversibles al ecosistema.
Estadísticas recientes indican que un 55 % de la población salvadoreña no cree factible explotar metales sin afectar recursos hídricos y la calidad de vida. Para los ambientalistas, la legislación viola directamente la Constitución de la República, pues atenta contra el derecho a la salud y a un medio ambiente saludable.
“No a la minería”: la respuesta ciudadana
Pese a los intentos del gobierno de Bukele por aplacar las críticas, incluso asumiendo el pago de recibos de agua y electricidad como medida populista, el descontento popular se mantuvo firme. Recientemente, se llevó a cabo una marcha pacífica en la que cientos de ciudadanos exigieron la derogación de la ley minera, asegurando que contaminación de agua y la destrucción de la naturaleza son un alto precio a pagar.
Activistas advierten que la región norte del país, que incluye departamentos como Cabañas, San Vicente, Morazán, Chalatenango y La Unión, podría ser la más afectada, poniendo en riesgo la subsistencia de cuatro millones de salvadoreños. Asimismo, la cuenca del río Lempa, con 10,082 kilómetros cuadrados de extensión, abastece de agua a más de la mitad de la población, lo que aumenta la preocupación por el futuro de esta fuente vital.
