La Universidad Centroamericana (UCA) ha solicitado la exoneración del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani en el caso de la masacre de los seis jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido en 1989.
Según la institución, el exmandatario no tuvo conocimiento previo del crimen, por lo que los verdaderos responsables son los autores intelectuales, en su mayoría altos mandos militares de la época, conocidos como “La Tandona”.
La postura de la UCA y del IDHUCA
José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), confirmó que, como parte demandante en la reapertura del caso, solicitarán el sobreseimiento de Cristiani.
Según Tojeira, investigaciones más profundas indican que no existen pruebas que vinculen al expresidente con la orden de asesinato.“En un primer momento pensamos que Cristiani había encubierto a los autores intelectuales, pero después de analizar cómo operaban los militares en esa época, estamos convencidos de que él se enteró del crimen después de que se perpetró”, afirmó Tojeiraa un medio televisivo salvadoreño.
Los autores intelectuales
En 2017, la UCA solicitó formalmente al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador la reapertura del caso, destacando como responsables a altos mandos militares de “La Tandona” bajo el delito de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
Los acusados además de Cristiani y Rodolfo Parker estánlos militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Cinco de los procesados se mantienen en arresto domiciliar.
Uno de implicados figura Inocente Montano, coronel salvadoreño extraditado a España, testificó en 2017 ante la Audiencia Nacional de España y mencionó una reunión el 15 de noviembre de 1989, en la que también habría participado Cristiani, aunque no lo acusó directamente de estar involucrado.
Persecución política
El 19 de noviembre de 2024, el fiscal general Rodolfo Delgado, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, emitió una alerta roja para la captura de Alfredo Cristiani, un exdiputado, y nueve militares retirados, intensificando las acciones legales en torno al caso.
