El Departamento de Estado de los Estados Unido señala violaciones a derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción. Las organizaciones de la sociedad civil avalan el informe.
Homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, son algunas de las violaciones de derechos humanos incluidos en el informe anual de Derechos Humanos.
Asimismo, el documento señala “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial, injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad”.
También se menciona restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, censura y amenazas de hacer cumplir las leyes penales para limitar la expresión y la corrupción gubernamental grave.
De acuerdo con el informe, en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala han persistido la violación de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, del ejecutivo y del sistema de justicia.
En el caso particular de El Salvador, la implementación del régimen de excepción figura como el principal violador de los derechos humanos por los numerosos arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos injustos, y las muertes de detenidos bajo la custodia del gobierno central.
Durante los primeros seis meses del estado de excepción, cita el informe, más de “52.000 personas fueron arrestadas en los primeros seis meses del estado de excepción, “llevando a alegaciones de sobre población y tratamiento inhumano en prisiones”.
Según Zaira Navas, Cristosal ha documentado hasta la primera quincena de marzo 2023, un total de 126 muertes de reos durante la implementación del régimen de excepción, pero hay indicios que el numero sea aún más alto.
Movimientos sociales confirman los abusos
Para el representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos viene a confirmar las denuncias de las violaciones a los derechos humanos hechas por familias y organizaciones de derechos humanos del país.
Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, secunda la posición anterior y agrega que en el país no solo se aplica la fuerza y se militariza la seguridad pública, sino que hay capturas arbitrarias y presos políticos.
Bukele ha asegurado que “si hay inocentes, saldrán en libertad”, pero la realidad de los detenidos sin vínculos con las pandillas es otra, Muchos de ellos siguen en las prisiones sin la oportunidad de defenderse.
Tamara Taracuiuk Broner, directora en funciones de Human Rights Watch, manifiesta que “las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno de Bukele han resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos, muchos de los salvadoreños sin vínculos con las pandillas han sido detenidos, especialmente en las comunidades de bajos recursos”.
La funcionaria sostiene que, según sus investigaciones, algunas de las personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles sometidos a procedimientos penables abusivos.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil se suman a las presiones de la comunidad internacional y han anunciado una marcha para el próximo 28 de marzo para pedir la derogación del régimen de excepción.
Además, recuerdan que esta medida es utilizada para generar temor a comerciantes informales y obligarlos a que desalojen algunas zonas, por esa razón demandan que se detenga dicha medida de seguridad pública.
El último dato sobre las capturas bajo el perfil de “terroristas” es de 62, 975, según el ministerio de Seguridad de El Salvador, institución que confirma haber puesto en libertad mas de 3 mil detenidos.
