El colombiano y abogado especializado en derecho de nuevas tecnologías por la Escuela de Leyes de Nueva York Andrés Guzmán Caballero, es el nuevo comisionado presidencial para los Derechos Humanos y libertad de expresión en El Salvador.
A pocos días que tres relatores de las Naciones Unidas expresarán su rechazo a la nueva prórroga del régimen de excepción y solicitaran su pronta derogación por las masivas violaciones a los derechos humanos y a un juicio justo, Nayib Bukele presentó al funcionario que estará a cargo de los Derechos Humanos y libertad de expresión.
Según el comunicado de la casa de gobierno, su nombramiento es para reafirmar su compromiso por los derechos humanos de la población, mismos que él ha violentado en los cuatro años de gestión y agudizado durante el régimen de excepción y encarcelando a más de 68 mil salvadoreños sin derecho a un debido proceso, esto de acuerdo con informes de organismos internacionales y sociedad civil.
Asimismo, en el anuncio retoma su discurso propagandístico donde recrimina a “las organizaciones no gubernamentales y a representantes de la comunidad internacional de anteponer sus intereses al bienestar de los salvadoreños”.
En el mismo comunicado, presentó a Guzmán Caballero como un abogado experto en alta tecnología, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías, quien se ha desempeñado como defensor delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión de la Defensoría de Colombia.
La hoja de vida del nuevo comisionado de derechos humanos también menciona que posee una amplia trayectoria como docente universitario de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Norbert Wiener de Lima y Universidad Libre de Bogotá.
El comisionado es el creador y director de la línea de maestría de Protección de Datos y TICs de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, una experiencia, según críticos, conveniente para un gobernante que busca “espiar a la oposición”, como lo denunció el pasado miércoles la parlamentaria Claudia Ortiz, al percatarse que cámaras de videovigilancia en el Salón Azul que apuntan a las curules de los parlamentarios. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-legislativa-vamos-arena-fmln/1063556/2023/
En el 2016, Andrés Guzmán, figuraba como director de la firma de seguridad informática forense Adalid, el ataque de este miércoles habría comprometido la base de programación de la página de la Registraduría.
Una publicación del medio cambiocolombia.com, donde se aborda el caso de Carlos Camargo, se describe al recién comisionado como “sabueso al estilo CSI” y afirma que “No hay computadora, disco duro, celular o tarjeta SIM que no se le resista al abogado Andrés Guzmán Caballero, lo que pone en duda su función real dentro de los derechos humanos y la libertad de expresión. https://cambiocolombia.com/poder/carlos-camargo-el-chuzador-del-pueblo
Por otra parte, critican que perfil de Guzmán Caballero, está más enfocado en los delitos cibernéticos y no se incluye nada sobre derechos humanos, un punto que llama la atención por la situación que vive El Salvador en el tema para el cual ha sido contratado. https://www.aplegis.com/course/course_presenter.php?id=735
Periodistas como Sergio Arauz, escribió en su cuenta de twitter que “ojalá dé entrevistas a medios no propagandísticos”. Otros por su parte opinaron que el nuevo funcionario no debería seguir el guion desde el Ejecutivo. Ejemplo, la Procuradora de Derechos Humanos que no ha movido las manos para ayudar a las víctimas del régimen de excepción (no pandilleros).
Gobierno de Bukele principal violador de DDHH
Según el informe de Amnistía Internacional del pasado 3 de marzo, las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos bajo la justificación del régimen de excepción, vigentes desde 2022 y nuevamente prorrogado por un mes más.
La suspensión de las garantías constitucionales, la eliminación controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública, han dejado vulnerable a la población.
Datos de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Cristosal, da cuenta de 132 fallecidos bajo custodia del Estado, así como la detención arbitraria, el procesamiento penal masivo y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas, muchos de ellos sin estar relacionados con las pandillas.
A esto se suma el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el clima del ejercicio periodístico en El Salvador, donde por lo menos, 10 periodistas abandonaron el país tras el acoso constante de funcionarios públicos o amenazas de una persecución penal.
Tanto periodistas como los medios de comunicación independiente han sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial, seguimientos físicos y amenazas, incluso en cadena nacional, Bukele los acusó de lavado de dinero.
Ante los señalamientos, organismos internacionales, entre ellos la ONU, han exhortado al presidente Nayib Bukele a respetar los derechos humanos y la libertad de prensa. La respuesta del oficialismo se ha centrado en desinformación y mensajes de odio y violencia, de parte de funcionarios y seguiros.
