Bukele da el primer paso hacia la expropiación.
La justicia no es prioridad para el gobernante salvadoreño. La venganza y la persecución política están tras estos allanamientos.
El artículo 106 de la Constitución de El Salvador dice que “la expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización”, también indica que “se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto”.
Sin embargo, Nayib Bukele, busca elevar su imagen de justiciero a través de la persecución política e incitar al odio y violencia a la población por medio de la expropiación de bienes de sus adversarios, violando del debido proceso.
En la cadena nacional de ayer, el autoritario presidente salvadoreño, uso el discurso de su cuarto año de gobierno para anunciar que la Fiscalía emprendería extinción de dominio a las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani del partido ARENA, quien ejerció el cargo en el periodo 1989 a 1994.
Se trata de un total de 156 propiedades, 42 vehículos y 15 productos financieros, cuyo monto asciende a $10,620,210.24, según informo la Fiscalía.
Además, alardeó de combatir la corrupción sin mencionar qué hará con los funcionarios señalados en la Lista Engel de los Estados Unidos. Nada más se centro en perseguir a empresarios corruptos, una medida que se disfraza para robar los bienes de otros, tal como lo hizo con el empresario Catalino Miranda.
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de Bukele aprobó una ley de expropiación de inmuebles para “obras municipales”. En su momento Johnny Wright, de Nuestro Tiempo dijo que esta ley era muy parecida a la de Nicaragua y que El Salvador sigue los pasos de Ortega.
Este capricho y venganza de Bukele hacia la familia Cristiani elevará el desempleo, ya que miles de personas se quedarán sin el sustento con expropiación, pero es lo que menos le interesa al gobernante que busca un segundo periodo imponiéndose a la Constitución.
