Muchos de los reos que han muerto en las cárceles fueron puestos en libertad, pero funcionarios de centros penales se negaron a cumplir la orden judicial.
Desde que el gobierno recurrió el régimen de excepción para supuestamente combatir a las pandillas, miles de salvadoreños sin antecedentes penales fueron detenidos, incluso más de 153 perdieron la vida dentro de las cárceles de Bukele.
Algunos fueron brutalmente asesinados, torturados y otros dieron su ultimo respiro por complicaciones de salud ante la falta de asistencia médica, mientras los que tuvieron un juicio tardío y con carta de libertad “inmediata” aún están recluidos.
Estos tienen meses de haber sido declarados inocentes, pero los directores de prisiones y el director general de Centros Penales, Osiris Luna, se oponen a dejarlos libres.
Según abogados consultados, los funcionarios del gobierno estarían incurriendo en varios delitos, entre ellos es el incumplimiento de deberes (Art. 321 del Código Penal).
De acuerdo con el jurista Jorge Guzmán, en estos casos la pena en oscila entre los 4 a 6 años de prisión. También podría aplicarse el (Art. 291 del Código Penal) que se refiere a “Limitaciones Indebidas a la Libertad Individual”, con penas de 1 a 3 años e inhabilitación del cargo.
En declaraciones al Diario de Hoy, el juez Antonio Durán habló de delitos de desobediencia (Art.322 del Código Penal). Privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad, así como también violación al Art.320 del mismo Código Penal que se refiere a actos arbitrarios. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/responsabilidad-penal-custodio-de-centros-penales-director-abogados-jueces-delitos-carceles-/1076226/2023/
Asimismo, aconsejó a los familiares de encarcelados, acudir a la Sala de lo Constitucional a pedir Habeas Corpus en caso de que los parientes detenidos tengan carta de libertad.
Por su parte, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, podrían ser llevados ante la Corte Penal Internacional, (CPI) los casos de tortura y muertes al interior de los Centros Penales por el régimen de excepción.
La organización también asegura que en El Salvador se han cometido delitos de lesa humanidad, que incluyen tortura, desaparición forzada, homicidio, esclavización, deportación y actos de violencia sexual y de género, incluida la violación.
Durante la vigencia del régimen de excepción, las violaciones a los derechos humanos se han multiplicado, esto de acuerdo con investigaciones realizadas por Cristosal.
En su informe revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y de lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad de los fallecidos fueron víctima de muertes violentas.
Sobre estos señalamientos, ninguna de las instituciones responsables de las detenciones, muchas de ellas arbitrarias, se han pronunciado, mientras tanto los detenidos siguen a la espera de cobrar su libertad.
