Los patrones de violencia sexual contra las mujeres encarceladas durante la guerra civil vuelven a repetirse en el gobierno dictatorial de Bukele.
Cristosal, una organización que vela por la defensa de los derechos humanos presentó su último informe en el que reveló que custodios y reclusas de los centros penales han abusado sexualmente de las mujeres detenidas bajo el régimen de excepción.
El documento titulado “El silencio no es opción”, deja al descubierto las condiciones en que las víctimas fueron sometidas por parte del personal de seguridad y algunas internas.
De acuerdo con el informe de Cristosal, las mujeres que han salido libre han testificado que fueron obligadas a prestar servicios sexuales a cambio de medicamentos, ropa y alimentos.
En las entrevistas brindadas a la organización también detallan que en muchas ocasiones les tocó realizar su aseo personal frente a los custodios.
Además, aseguraron que tampoco les permitían bañarse ya quienes solicitaba ese derecho, les imponía castigos físicos, sumándose las burlas y las agresiones verbales.
Según Cristosal, de marso de 2022 a abril de 2024, han recibido 3,642 denuncias de abusos de derechos humanos, contabilizando 265 personas detenidas en el régimen perdieron la vida en las cárceles.
El Observatorio de la Política Internacional, en su análisis 527, señala que en El Salvador han aumentado los casos de violencia sexual y añade que el nuevo perpetrador es el mismo Estado.
A estas denuncias se suman las de los colectivos feministas que acusan a militares y policías de violaciones y abusos contra mujeres y niñas durante el régimen de excepción.
Otro dato que pone en evidencia los abusos a los derechos humanos por parte del gobierno de Bukele, es que niñas, adolescentes y mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales para no ser arrestadas, incluso evitar que amistades y familiares sean llevados por los soldados y policías.
El patrón de abuso de poder y discriminación contra las mujeres se han ensanchado por el régimen de excepción, ya que el gobierno les ha dado a los cuerpos de seguridad la libertad de decisión porque los considera los “nuevos jueces de la calle”.
Insalubridad en prisiones
Aparte de ser sometidas a abusos físicos y sexuales, las reclusas del régimen de excepción, entre ellas algunas embarazadas y otras que ya han dado a luz, pasan sus días en un ambiente de insalubridad y donde el agua es escasa.
La situación es tan deplorable, que las mujeres que tienen sus periodos menstruales carecen de toallas sanitarias, incluso tienen restricciones para orinar y defecar, agravando la insalubridad.
Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad en Cristosal, detalló que las detenidas están hacinadas, hay problemas de atención médica, son obligadas a bañarse desnudas ante la presencia de hombres y mujeres, ya que no hay puertas.
Además de la violencia sexual, el tema de la salud es un problema grave, sobre todo en el caso de las reclusas adultas mayores, mujeres con enfermedades crónicas y enfermedades terminales, con discapacidad, incluso algunas sufren de enfermedades mentales y enfermedades adquiridas en las cárceles. https://www.alharaca.sv/actualidad/regimen-de-excepcion-facilita-agresiones-sexuales-dentro-y-fuera-de-las-carceles/
La abogada, especialista en Derecho de Familia y Niñez, Defensora de Derechos Humanos, Ivania Cruz, expresó en su cuenta de X que: “es abrumador, pensar tantas injusticias de mujeres y bebés que están viviendo dentro de los penales, violación sexual, abortos, muertes, violaciones a los derechos humanos, da rabia e impotencia lo que pasa en el país”. #ElSilencioNoEsOpción”.
Las vulneraciones a los derechos humanos durante el régimen también han alcanzado a personas de la comunidad LGBTIQ, donde al menos 62 han sufrido estas arbitrariedades.
El gobierno de Bukele se ha caracterizado por ser misógino, incluso el mismo presidente y sus funcionarios denigran abiertamente a las mujeres de la oposición y no hay ley que se aplique porque lo hacen bajo las “enaguas” del supremo, dicen sus críticos.
Lo más lamentable, afirman, es que ni la procuradora de Derechos Humanos ni el Comisionado de Derechos Humanos, se han pronunciado al respecto y es “que no pueden hacerlo porque deben esperar que el mandatario les dé el guion que desvirtúe las evidencias de los abusos del Estado.
