En El Salvador ya no existen los mecanismos de control. Todo el poder lo tiene el presidente.
Nayib Bukele, actual presidente salvadoreño lidera el país a su medida. No solo tiene el control del órgano legislativo, sino que también del Órgano Judicial, al nombrar inconstitucional a magistrados y jueces, algunos de ellos incluidos en la Lista Engel.
Además, se ha asegurado de tener un fiscal general alineado a él, junto a una fuerza armada y policías que obedecen las instrucciones que vienen desde la casa de gobierno.
El acomodamiento de los tres órganos del Estado le permite utilizar las instituciones públicas a su “antojo” y deja claro que sus decisiones populares son antidemocráticas.
De acuerdo con las voces críticas salvadoreñas, la estrategia del presidente Bukele fue el descontento popular y venderse como “el mesías salvador” , lo cual lo tiene en el pedestal, gobernando a su manera.
Esa imagen ha sido creada para consolidarse en el poder, un poder del cual dijo no estar interesado cuando era alcalde, pero ahora dice que las mayorías lo aclaman.
Su reelección asegura, se debe a su “buena gestión” y ante el supuesto apoyo de los salvadoreños, poco le importa la constitución de la República y se abre camino a fuerza de reformas y amenazas.
Esta situación es grave, según analistas políticos y expertos en derechos humanos, quienes concuerdan que la democracia, el estado de derecho y la certeza jurídica se desvanece y no hay ninguna institución gubernamental independiente.
A pasos agigantados, Nayib Bukele anuló los contrapesos para controlar a los órganos del Estado. Ejemplo de ello fue el asalto militar a la Asamblea Legislativa del 9 de febrero de 2020, asaltó el sistema judicial con la destitución de magistrados y jueces, sometiéndolos al Ejecutivo.
Las organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos afirman que él (Bukele) sigue el mismo guion de los dictadores de la región, donde predomina la represión y militarización, persecución política y violación a los derechos humanos y libertad de expresión.
Con el régimen de excepción, opinan los expertos, la población está más desprotegida. No hay ley que los ampare ni jueces que los defiendan porque el órgano judicial dejó de ser un contrapeso importante.
Quebrantamiento del orden Constitucional
La Alianza Nacional El Salvador en Paz ve en la reelección presidencial “un golpe a la democracia porque uno de los eslabones más importantes es la alternabilidad en el poder, y el presidente está violando este principio”.
Además, sentencia, esta decisión “coloca al presidente como un dictador en el país, pues con la reelección lo que tenemos enfrente es una dictadura civil en el país”.
El secretario general de la Alianza, José Santos Melara, reitera que Bukele rompe la Constitución de la República y viola hasta 12 de sus artículos, incluyendo las denominadas cláusulas pétreas.
También señala que al violar la ley máxima del país, el presidente pisotea la soberanía y la independencia que dice defender, pero en su lugar manipula la Carta Maga a su conveniencia.
Un compromiso con la soberanía y la independencia sería, respetar el Estado de derecho, garantizar los derechos ciudadanos sin considerar sus preferencias políticas y sobre todo, aceptando que su mandato termina en cinto años, ni un solo día más.
