Cumplidos dos años desde la instauración del régimen de excepción en El Salvador, la comunidad internacional y los observadores de derechos humanos están cada vez más alarmados. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, destaca las serias violaciones de derechos humanos cometidas bajo la administración del presidente Nayib Bukele. A pesar de una disminución en los índices de homicidio, el encarcelamiento masivo y las estrategias de seguridad implementadas distan mucho de ser soluciones sostenibles o respetuosas de los derechos humanos fundamentales.
1. Un Régimen Sin Garantías: Desde el violento quiebre de un pacto con pandillas en marzo de 2022, que desencadenó una ola de homicidios, el gobierno de Bukele ha suspendido garantías constitucionales fundamentales, dando lugar a arrestos arbitrarios y una suspensión de la privacidad en las comunicaciones. Estas medidas han sido renovadas repetidamente, consolidando un estado de excepción continuo que ha llevado a la detención de más de 78,000 personas bajo criterios muchas veces cuestionables.
2. Acusaciones de Violaciones Graves: Según Goebertus, hay evidencias de torturas y maltratos dentro de las cárceles salvadoreñas, con la participación directa de las autoridades. Estas acciones no solo violan los principios más básicos de los derechos humanos, sino que también plantean la necesidad de una investigación futura sobre la responsabilidad directa de Bukele en estos actos.
3. La Política de Seguridad de Bukele Bajo Escrutinio: Aunque la reducción de la violencia es innegable, la estrategia de Bukele ha sido criticada por carecer de sostenibilidad y transparencia. La falta de un proceso judicial adecuado y la ausencia de un plan claro para desmantelar de manera efectiva las estructuras del crimen organizado son puntos de gran preocupación. Además, la estrategia ha venido acompañada de una restricción considerable al espacio cívico, afectando la capacidad de actuar de periodistas y defensores de derechos humanos.
La situación en El Salvador es un claro recordatorio de que la seguridad no puede alcanzarse a expensas de los derechos humanos. La comunidad internacional debe mantenerse vigilante y presionar por una estrategia de seguridad que respete la dignidad y los derechos de todas las personas. La historia juzgará las acciones del gobierno de Bukele, y es imperativo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas para asegurar que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.
