El escenario financiero en El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, enfrenta serios cuestionamientos sobre la transparencia y el uso inteligente de los fondos públicos, especialmente aquellos destinados a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
Un préstamo de $600 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en 2021, destinado a apoyar la recuperación económica de las mipymes afectadas, ha desatado una polémica sobre su utilización.
El dinero, que debía ser un soporte vital para estas empresas y ayudar a preservar empleos y servicios esenciales en un momento crítico, ha sido parcialmente desviado a otros fines. En particular, $200 millones se redirigieron hacia la financiación de la adopción de Bitcoin como moneda legal en El Salvador, una decisión que ha suscitado debate tanto a nivel nacional como internacional.
Este desvío no solo plantea preguntas sobre la priorización de las necesidades económicas y sociales del país, sino que también revela un preocupante desapego de los objetivos iniciales del préstamo. La falta de controles efectivos y la ausencia de transparencia en la gestión de estos fondos agravan la situación, poniendo en riesgo la credibilidad y la calificación crediticia de El Salvador.
La decisión de utilizar una parte significativa del préstamo del BCIE para “obligaciones generales del Estado” y, en particular, para la implementación de Bitcoin, destaca una falta de alineación con las necesidades inmediatas de las mipymes salvadoreñas. Esto, sumado a la falta de claridad en el pago de los Certificados del Tesoro (CETES) emitidos previamente para financiar el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), pone de manifiesto la necesidad urgente de una auditoría y revisión exhaustiva de los préstamos y sus usos.
El llamado de la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, a auditar todos los préstamos entregados en los últimos 10 años, refleja una preocupación legítima por garantizar que los fondos se utilicen de manera responsable y en beneficio directo de la población salvadoreña, especialmente en un momento donde la recuperación económica debe ser una prioridad.
El Salvador se encuentra en una encrucijada crucial. La transparencia en el manejo de fondos públicos y la inteligencia en su utilización son fundamentales para recuperar la confianza, tanto a nivel local como internacional, y para asegurar que los recursos se dirijan hacia donde más se necesitan: el apoyo a las mipymes y la protección del empleo y la economía en tiempos de crisis. La respuesta del Gobierno de Nayib Bukele a estas preocupaciones y su acción correctiva serán determinantes en el camino hacia una gestión financiera más responsable y un futuro económico más sólido para El Salvador.
