El organismo condenó “el desmantelamiento de los espacios políticos y democráticos”, y el régimen de excepción en El Salvador. Durante la cumbre celebrada entre el 29 de junio a 2 de julio de 2023, Foro de São Paulo, conformado por un grupo de partidos políticos de izquierda, entre ellos FMLN y a los partidos que gobiernan en México, Nicaragua, Cuba y Venezuela, emitió una resolución en la que condenaron a El Salvador por “cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico”. Además, calificó de “fraudulenta” e “inconstitucional” la postulación del actual gobernante quien violando la Constitución salvadoreña ha impuesto su candidatura para reelegirse. El foro también ha rechazado las políticas que “buscan consolidar el quiebre de la imparcialidad del sistema político y electoral”, así como la “militarización del territorio salvadoreño» y “la persecución política”. De igual manera, la organización pidió a la comunidad internacional a exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, al tiempo que criticaron el régimen de excepción por propiciar reiteradas violaciones a derechos humanos. “Muchas veces (de forma) arbitraria», y ha denunciado la muerte de más de 140 personas bajo custodia policial y ha cifrado en más de 5.000 las violaciones de derechos fundamentales”, denunciaron. Otra de las preocupaciones expuestas en la cumbre fue el por el “desmantelamiento de los espacios políticos y democráticos» y que está acabando con los Acuerdos de Paz de 1992, y ha asegurado que Bukele está cambiando el modelo democrático del país hacia uno de “partido hegemónico”. Este rechazo no fue del agrado del gobernante Nayib Bukele quien haciendo uso del sarcasmo escribió en su cuenta de twitter. “El Foro de São Paulo acaba de emitir una condena a El Salvador por ‘el desmantelamiento de los espacios democráticos’, ‘cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico’ y por ‘violaciones a Derechos Humanos’. Sí, el Foro de São Paulo”. La reacción ofuscada y poco diplomática del mandatario no es extraña, ya que se sabe que no tolera la crítica, incluso de su mismo círculo de confianza, los cuales solo se limitan a complacer las órdenes del Ejecutivo. En el 2021, Bukele se alineó con el Foro de Sao Paulo para apoya a Xiomara Castro, aun cuando en el 2017 había roto relaciones con el FMLN, el partido que lo llevó al poder. Sin embargo, hoy se burlo de ese mismo Foro por señalar su mala gestión, la cual se ha hecho visible en la comunidad internacional, algo que afecta la imagen de presidente. En su defensa, no solo las cuentas faltas y los medios digitales han difamado a este organismo, sino que sus ministros, entre ellos, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, arremetió contra el Foro calificándolo de “incoherente” por criticar al Gobierno. La misma reacción también vino de la Asamblea Legislativa que está bajo su control. Candidatura amañada La inconstitucionalidad que rodea la reelección de Bukele no puede maquillarse por más interpretaciones amañadas de los magistrados impuestos por el gobernante. El rechazo viene también de los mismos salvadoreños que le dieron el voto en el 2019 y de los organismos internacionales que en reiteradas ocasiones le han llamado a respetar la Carta Magna. El ordinal primero del artículo 152 establece que no podrá ser candidato a presidente de la República “El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. Al tener una Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa “obediente” a sus caprichos narcisistas y autoritarios, Bukele la ha impuesto fraudulentamente tergiversando a conveniencia cada artículo de la Constitución, aprovechándose de la ignorancia de la población que vive una realidad “comercial”.

El gobernante ha cuidado cada detalle para que nada se interponga en su camino. Con la reforma al Código Penal busca acusar del delito de “obstaculización a candidaturas electorales” a sus críticos.

Tanto la Corta Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa, al servicio del Ejecutivo, dieron el sí a la reelección de Nayib Bukele  y la  blindaron con “retorcidas” reformas para que nadie se atreva a cuestionarla.

Esto ha sido posible gracias a que el presidente salvadoreño ha violado el principio de la separación de poderes y tomando el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.

Según Jorge Calix, miembro del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Gloral (PGA), “las instituciones y principios democráticos deben ser respetados por todos. El Ejecutivo tiene un mandado de asegurar el funcionamiento apropiade las instituciones y de garantizar su independencia”.

Además, opinó que El Salvador entro en un declive democrático y se encamina hacia un régimen autoritario, el cual inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021, donde observadores expresaron su preocupación y condenaron ese acto.

Para Bukele, su exitoso plan va viento en popa y el 3 de octubre próximo comienza y termina el 31 de enero de 2024, cuatro meses en el cual nuevamente se presentará como el único salvador de los salvadoreños, aunque tras el telón hay una democracia en ruinas y un futuro desalentador de la población cegada por el fanatismo político. 

Cárcel para la oposición

Hasta el momento todo marcha de acuerdos a los planes del gobernante y sus aliados. Esa seguridad se basa en que tienen bajo el control a sus diputados, un tribunal electoral sumiso al igual de la Corte Suprema de Justicia.

A esto se suma una campaña electoral adelantada, que el TSE no ve a conveniencia y una millonaria publicidad dentro y fuera de El Salvador para promover al presidente Bukele con obras inexistentes y más promesas sin cumplir.

Sin embargo, la ley solo es aplicada a la oposición, ya que para el oficialismo promover la reelección no aplica, aun cuando la Constitución es clara en afirmar que el ciudadano que lo haga pierde sus derechos.

El panorama es más complicado con la aprobación del artículo 295 del Código Penal que permite aumentar entre 10 y 15 años de cárcel el delito de fraude electoral. Anteriormente este delito era castigado con prisión de 4 a 6 años.

La reforma el literal g) del artículo 295: reza: “El que por cualquier medio impidiere u obstaculizare la elaboración del registro electoral, o la inscripción de candidaturas cuando estas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o el escrutinio de votos;”.

En esta modificación es que se incluye como fraude la obstaculización de la inscripción de candidaturas y al mismo tiempo blindando la suya propia, ya que reconoce que ha cometido fraude electoral.

El fin es atemorizar, lo que se maximiza si toma en cuenta lo pusilánime del Órgano Judicial, y una fiscalía general que sirve como un brazo del Ejecutivo”. Oswaldo Feussier, abogado penalista. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reforma-penal-obstaculiza-control-ciudadano-en-elecciones-20230120-0072.html

Para los abogados penalistas y constitucionalistas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, la reforma es una amenaza por si hay algún intento de impugnar la candidatura de Bukele, el mayor temor del actual presidente porque sabe que ya no tiene la misma aceptación que tuvo en el 2019.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EnglishFrenchGermanSpanish