El gobernante ha cuidado cada detalle para que nada se interponga en su camino. Con la reforma al Código Penal busca acusar del delito de “obstaculización a candidaturas electorales” a sus críticos.
Tanto la Corta Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa, al servicio del Ejecutivo, dieron el sí a la reelección de Nayib Bukele y la blindaron con “retorcidas” reformas para que nadie se atreva a cuestionarla.
Esto ha sido posible gracias a que el presidente salvadoreño ha violado el principio de la separación de poderes y tomando el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.
Según Jorge Calix, miembro del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Gloral (PGA), “las instituciones y principios democráticos deben ser respetados por todos. El Ejecutivo tiene un mandado de asegurar el funcionamiento apropiade las instituciones y de garantizar su independencia”.
Además, opinó que El Salvador entro en un declive democrático y se encamina hacia un régimen autoritario, el cual inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2021, donde observadores expresaron su preocupación y condenaron ese acto.
Para Bukele, su exitoso plan va viento en popa y el 3 de octubre próximo comienza y termina el 31 de enero de 2024, cuatro meses en el cual nuevamente se presentará como el único salvador de los salvadoreños, aunque tras el telón hay una democracia en ruinas y un futuro desalentador de la población cegada por el fanatismo político.
Cárcel para la oposición
Hasta el momento todo marcha de acuerdos a los planes del gobernante y sus aliados. Esa seguridad se basa en que tienen bajo el control a sus diputados, un tribunal electoral sumiso al igual de la Corte Suprema de Justicia.
A esto se suma una campaña electoral adelantada, que el TSE no ve a conveniencia y una millonaria publicidad dentro y fuera de El Salvador para promover al presidente Bukele con obras inexistentes y más promesas sin cumplir.
Sin embargo, la ley solo es aplicada a la oposición, ya que para el oficialismo promover la reelección no aplica, aun cuando la Constitución es clara en afirmar que el ciudadano que lo haga pierde sus derechos.
El panorama es más complicado con la aprobación del artículo 295 del Código Penal que permite aumentar entre 10 y 15 años de cárcel el delito de fraude electoral. Anteriormente este delito era castigado con prisión de 4 a 6 años.
La reforma el literal g) del artículo 295: reza: “El que por cualquier medio impidiere u obstaculizare la elaboración del registro electoral, o la inscripción de candidaturas cuando estas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o el escrutinio de votos;”.
En esta modificación es que se incluye como fraude la obstaculización de la inscripción de candidaturas y al mismo tiempo blindando la suya propia, ya que reconoce que ha cometido fraude electoral.
El fin es atemorizar, lo que se maximiza si toma en cuenta lo pusilánime del Órgano Judicial, y una fiscalía general que sirve como un brazo del Ejecutivo”. Oswaldo Feussier, abogado penalista. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reforma-penal-obstaculiza-control-ciudadano-en-elecciones-20230120-0072.html
Para los abogados penalistas y constitucionalistas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, la reforma es una amenaza por si hay algún intento de impugnar la candidatura de Bukele, el mayor temor del actual presidente porque sabe que ya no tiene la misma aceptación que tuvo en el 2019.