El comisionado para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, volvió a negar que, bajo el régimen de excepción, haya torturas y muertes al interior de los penales de ese país.
Los salvadoreños no tienen institución que los defienda y encarcelados por delitos fabricados para justificar el supuesto combate a las pandillas, así manifiestan las voces críticas del gobierno de Nayib Bukele, quien sigue gobernando tras violentar la Constitución.
Sin embargo, pese a la publicidad gubernamental, las capturas se mantienen y muchas de estas sin vínculos con estas estructuras criminales, pero son retenidos aun existiendo una orden de libertad dictada por un juez.
De acuerdo con las investigaciones de organismos defensores de derechos humanos y los testimonios de reos y familiares, existen evidencias que dentro de las prisiones son torturados, dejándolos casi moribundos, mientras que otros perdieron la vida.
El último informe de Cristosal registra hasta julio pasado que 261 personas adultas y cuatro niños han muerto bajo en las prisiones salvadoreñas.
Por su parte el Comisionado de Derechos Humanos de El Salvador lo negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y atribuyó que esos decesos han sido de forma natural.
“No hay una sola muerte violenta. Y si llega a haber, mire, yo soy el primero que pido el favor y le ruego a cualquier persona que lo conozca, a las organizaciones sociales, se lo solicito que lo traigan a mi oficina. Nosotros no vamos a guardar ningún tipo de tortura o maltrato efectuado en los centros penales, sin importar qué hizo cada una de estas personas”, expuso el funcionario ante la CIDH.
Estas afirmaciones son refutadas no solo por Cristosal, sino por varias organizaciones de la sociedad civil y también por las familias de los fallecidos.
Cristosal sostiene en su investigación que tuvo acceso a fotografías y a través de análisis médico-forense, evidenció que 14 casos fueron clasificados como posibles muertes violentas y 88 son sospechosos de criminalidad. Los cadáveres presentaban heridas, hematomas, laceraciones y otro tipo de lesiones.
Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH), señaló que en dos años bajo el régimen de excepción la cifra de fallecidos superó los 301 hasta junio de 2024 y de forma violenta.
Testimonio desvirtúa a Comisionado
Fidel Antonio Zavala Pérez fue capturado 9 de febrero de 2022 antes de entrar en vigencia el régimen de excepción, bajo la falsa acusación de estafa.
Relata que permaneció en la cárcel 13 meses y fue testigo del “infierno” carcelario, como lo describe y donde los custodios son los verdugos de los presos.
Durante ese tiempo presenció las atrocidades cometidas dentro de las celdas y al recobrar su libertad y escuchar las mentiras del Comisionado de Derechos Humanos, decidió no quedarse callado y denunciar las torturas de reos cometidos por el personal del Centro Penal Camone, Santa Ana. https://x.com/_elfaro_/status/1818789740214194634
“Todos los que salieron en bolsa después de una paliza el día anterior, y yo tuve que contabilizar, los que seguramente están amarrados al poste y no pueden decir nada, es algo que me motiva a denunciarlo, agregado a eso, mancharon mi reputación, al igual que la de los capturados injustamente”, dijo en una entrevista a El Diario de Hoy.
Esa crueldad, consideró que debe ser expuesta a la sociedad y desvirtuar la mentira de las autoridades, así como castigar a los culpables de estos actos brutales.
Fidel sabe de los riesgos que implica su declaración y de la inseguridad y del desamparo de sus derechos, pero no duda en realizar un careo para comprobar que no miente y ha señalado como responsables al director de Centros Penales, Osiris Luna y a los custodios identificados con los seudónimos: Montaña, Sagitario, Cobra, Cazador, Cuervo, Rocky y David son algunos de los sobrenombres de los custodios torturadores. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/testimonio-exdetenido-centros-penales-torturas-regimen/1157278/2024/
El testimonio de Fidel se suma a muchos otros que han permitido denunciar a nivel internacional los abusos del gobierno de Bukele, quien sacrifica a los ciudadanos para mantener su popularidad y la falsa lucha contra las pandillas.
