El gobierno de Bukele está dejando sin hogar a miles de familias en las zonas rurales de El Salvador para dar paso a proyectos de desarrollo tanto en la zona costera como en las fronteras.
Hasta octubre del 2023, el estado salvadoreño había invertido cerca de $400 mil en la adquisición de terrenos para uno de los proyectos prometidos durante la campaña presidencial. El aeropuerto Internacional del Pacífico, el cual es construido sobre parcelas que el ISTA transfirió a CEPA a espaldas de sus ocupantes, en su mayoría agricultores.
Según investigación de la Revista Factum “hasta inicios de octubre de 2023, el Estado salvadoreño ya tenía bajo su poder al menos 62 propiedades en el sector y dos inmuebles más en el vecino municipio de Intipucá, por un total de 225 mil 383 metros cuadrados, unas 32 manzanas, según datos del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registros (CNR).
El medio también corroboró que no existe evidencia de pago alguno por las 50 propiedades transferidas por el ISTA a CEPA. Las doce restantes son compraventas pagadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por un costo de $407,711.91. https://www.revistafactum.com/enganos-aeropuerto-del-pacifico/.
Esta misma situación que ha dejado sin hogar a miles de personas en La Unión, también dejará sin vivienda a los residentes de las comunidades del cantón Piedras Azules de Candelaria la Frontera, en Santa Ana.
Aquí, denuncian sus habitantes, personal de gobierno está ejerciendo presión para que les vendan esas tierras porque está el proyecto de la supuesta ampliación de la Frontera San Cristobal.
Estas propiedades han sido habitadas por más de 50 años, dice Morena Murillo, miembro del Foro Nacional de la Salud (FNS), quien manifiesta que “si desean impulsar el desarrollo en la zona, deberían hacerlo para las comunidades y no para los sectores económicos”.
Como ella, hay centenares de testimonios que evidencian los intereses económicos que el estado tiene por esas tierras y sin darles una opción digna de vivienda a los lugareños.
Otra comunidad afectada por el estado es la ubicada en la plaza Mizata, en el cantón Santa María Mizata de Teotepeque, La Libertad, donde se construye un proyecto turístico que se titula “Proyecto Malecón playa Mizata”.
Aquí unas 200 personas fueron amenazadas con ser desalojas por personal del MOP quienes manifestaron que se “tomarían medidas “para la construcción de una calle” que atravesaría la zona”. La mayoría de sus habitantes viven de la pesca artesanal y viven con la incertidumbre de quedar sin hogar.
Esta parece ser la realidad de muchas personas que residen en tierras de alto potencial para los inversionistas amigos del presidente Bukele y hasta familiares de él buscan apropiarse de los terrenos de los pobres para hacerse más ricos.
