Un informe del buró de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que reformas al sistema judicial y destitución de magistrados y jueces afecta también el clima de inversión.
El Departamento de Estado norteamericano advierte que en El Salvador hay retrocesos en el sistema judicial a través del informe “Declaraciones sobre el clima de inversión 2023”, concluye que en este país se han debilitado la independencia de los órganos del Estado, generando “preocupación sobre el estado de derecho”.
Si bien, cita el documento, los empresarios e inversionistas ven una mejoría por menor inseguridad, también subrayan que hay temor por la falta de independencia judicial y que, según la Constitución de la República, el órgano Judicial es autónomo del Ejecutivo.
Sobre esto, el Departamento de Estado aborda la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y del fiscal general del 1 de mayo de 2021, en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa.
Otra de las resoluciones de la Sala, cuestionadas en el informe, fue la referente a la reelección presidencial inmediata aprobada en septiembre de 2021, pasando por encima de al menos seis artículos de la Constitución.
Retrocesos bajo la lupa
Para el Departamento de Estado los retrocesos son evidente en el sistema de justicia, ya que los cambios legislativos han menguado la independencia judicial y esto pone en duda el estado de derecho y la certeza jurídica.
Muchas de estas leyes abordadas no fueron consultadas ni tampoco evaluadas para medir el impacto económico sobre todo en el sector empresarial que es el que mueve al país.
Esta situación ha sumergido al país en un estancamiento en el tema de la inversión extranjera directa en comparación al resto de los países de la región centroamericana, esto producto de las extorciones y a la violencia de las pandillas.
Por otra parte, el informe apunta a que no hay certeza de cómo el gobierno pondrá fin al régimen de excepción y cuándo les habilitará los derechos constitucionales a los salvadoreños.
De acuerdo con WOLA, Una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, El régimen de excepción no solo ha permitido suspender garantías constitucionales sino además ha eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública. Es decir, ha fomentado la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
Los índices de corrupción del gobierno de Bukele no han pasado por alto en el documento presentado por el Departamento de Estado. En este se sita que “los escándalos de corrupción a nivel estatal, legislativo y municipal son comunes y ha habido acusaciones creíbles de corrupción judicial”.
Estados Unidos ha sancionado a varios funcionarios del gobierno de Nayib Bukele cercanos a la MS-13, entre ellos Osiris Luna, director de centros penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social.
Por actos de corrupción, esta nación norteamericana por medio de la Ley Magnitsky ha sancionado al ministro de Trabajo Rolando Castro, Conan Castro, secretario jurídico.
A la lista se suman más funcionarios y amigos cercanos al círculo de confianza de Bukele. Carolina Recinos, Pablo Anliker, Ernesto Sanabria, Christian Guevara, Rogelio Rivas, Javier Argueta, Walter Araujo y Will Salgado, todos ellos señalados de actos de corrupción y obstaculizas investigaciones y dañar las instituciones democráticas.
