Tres relatores de la ONU de las áreas de derechos humanos, independencia judicial y ejecuciones extrajudiciales pidieron al derogar inmediatamente el estado de excepción y que “revise los amplios nuevos poderes que ha introducido para abordar el problema de las pandillas en el país”
El pasado 16 de mayo, el gobierno de Bukele prorrogó por 14 veces el régimen de excepción, una medida que ha minado los derechos humanos de los salvadoreños y llevado a la cárcel a hombres y mujeres sin vínculos con estas estructuras delincuenciales.
Al a fecha y según datos gubernamentales, más de 68,000 las personas han sido detenidas y acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas, pero expertos sostienen que “muchas” de estas detenciones han sido arbitrarias, incluso llegan a ser “desapariciones forzadas de corta duración”.
Del total de capturados, el 90% tiene detención provisional decretada por un juez bajo el cargo de agrupaciones ilícitas y más de 5000 personas han sido liberadas por no comprobarse vínculos con las pandillas.
Sin embargo, Nayib Bukele, sigue empecinado en meter a la cárcel a cualquier ciudadano que los cuerpos de seguridad consideren “sospechoso”, ya que tanto la policía como el ejercito han sido nombrados “jueces de la calle” por parte del Ejecutivo.
“El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de los actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública, reza el comunicado.
Asimismo, manifestaron que “el prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos.
La petición la suscribieron Margaret Satterhwaite, Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Fionnuala NI Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Sobre esta solicitud de la ONU el gobierno y sus medios de comunicación han criminalizado a los relatores afirmando que este organismo internacional se pone de lado de los pandilleros, tergiversando la información para justificar la permanencia del régimen.
Los ataques hacia esta petición también se agudizaron en las redes sociales a través de cuentas falsas y de simpatizantes de Bukele, quienes le restan importancia a las investigaciones e informes de organismos internacionales.
Por su parte, el ministro de Denfensa Franci Merino Monroy , entrevistado en un programa de opinión, defendió al régimen y aseguró que : “Nos debemos al pueblo salvadoreño y nuestro compromiso es el de resolver los problemas (De seguridad) de la gente que sufría el embate de la delincuencia”
El castrense agregó que los señalamientos son para “desmeritar” el trabajo que el gobierno está realizando en materia de seguridad y que les ha permitido tener los índices más bajos de homicidios y retomar el control que antes tenían las pandillas sobre la población. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ministro-defiende-regimen-onu/1063228/2023/?utm_source=twitter&utm_medium=noticias&utm_campaign=organico
Al igual que la ONU, organizaciones defensoras de los derechos humanos han Hace un mes, Amnistía Internacional registró 132 reos fallecidos en manos de la custodia del Estado.
“La violación sistemática de derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de Derecho no son la respuesta a los problemas que enfrentan el país. Al contrario, establecen procedentes muy peligrosos”, expreso Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En abril pasado, la ONU presentó un informe sobre muertes extrajudiciales en las cárceles de El Salvador, además del grave hacinamiento a pesar de la megacarcel recién construida.
