El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) revela una preocupante tendencia hacia un aumento del índice de letalidad en enfrentamientos armados, así como un incremento en el desplazamiento forzado interno y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), señaló que, aunque se ha observado una disminución en los homicidios, persiste un alto índice de letalidad por parte de la Policía Nacional Civil, con un cambio en la dinámica de quienes ejercen la violencia, pasando de estar vinculados al pandillas a pertenecer a las fuerzas de seguridad del Estado.
Este preocupante panorama se ve respaldado por los datos recopilados por el OUDH en su informe anual del año pasado, donde se destaca un aumento en las violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército, así como la vulneración del principio de proporcionalidad.
Según el Observatorio, el índice de letalidad durante el 2023 fue de 3.78, lo que representa un aumento del 134.8% en comparación con el indicador de 1.61 registrado en 2022.
Para Santos, el Estado tiene una deuda pendiente en cuanto al respeto de los derechos humanos, y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad las convierte en los principales agresores y violadores de derechos, con la Policía Nacional Civil representando el 82% del total y los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) el 18%.
Jorge Rodríguez, coordinador de OUDH, afirmó que todos los indicadores apuntan hacia un patrón de vulneración de los principios de proporcionalidad, estricta necesidad, legalidad y mínimo daño en el accionar policial, como lo señala el informe.
El informe también hace hincapié en las muertes violentas resultantes de enfrentamientos entre policías y pandilleros, las cuales no son incluidas en el conteo diario de homicidios realizado por las autoridades, así como las muertes de personas privadas de libertad derivadas de la violencia y los feminicidios, datos que no son debidamente reportados por las autoridades estatales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregó al Observatorio un informe detallando 593 investigaciones a agentes de la PNC por violaciones a derechos humanos, 121 de las cuales están relacionadas con vulneraciones a la integridad personal, incluyendo casos de violencia sexual, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles.
Estas vulneraciones están estrechamente ligadas al régimen de excepción y muestran evidentes rasgos de actuar arbitrario, como actos de intimidación, coacción, maltrato y persecución ilegal.
En cuanto al desplazamiento forzado interno, el informe del Observatorio de la UCA señala un aumento reportado por la Procuraduría General de la República (PGR) en comparación con el año anterior, con un total de 2,099 víctimas en 2023.
Organizaciones sociales como el Servicio Social Pasionistas (SSPAS), Cristosal e Idhuca indican que, entre enero y junio de 2023, los principales agresores en los casos de desplazamiento forzado interno son los agentes estatales, tomando el lugar que antes ocupaban las pandillas.
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista, resalta que esto se ve respaldado por datos del Instituto de Opinión Pública (Iudop) que indican que el 23% de los desplazamientos a nivel nacional son atribuidos a la Policía, un porcentaje equivalente al de las pandillas.
