El magisterio salvadoreño alzó la voz ante la suspensión del escalafón y la falta de recursos en las escuelas. En respuesta, el estado despidió a docentes que marcharon, violando la libertad de expresión y derechos humanos.
Los maestros, médicos y personal de salud que se unieron a la marcha blanca del pasado 19 de octubre en la que solicitaban la no suspensión del escalafón, han sido despedidos de manera arbitraria.
En respuesta a la petición de mantener los beneficios que por ley les pertenece, el gobierno de Bukele impulsa una campaña de desprestigio y recrudece la persecución política contra los manifestantes.
La estrategia es desinformar para que la población vuelque su rechazo hacia estos dirigentes y desviar la atención de los altos niveles de corrupción en el interior del Estado, en especial hacia la familia Bukele, hoy dueña de edificios en el centro histórico, fincas y ranchos de playa, entre otros inmuebles.
Las primeras víctimas de la represión política de Nayib Bukele son Idalia Zúniga, quien hasta el 18 de octubre fungía como docente del Complejo Educativo República del Perú y que además es secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), una voz crítica que hizo pública las precariedades de las escuelas públicas.
Zúniga, califica su despido como una “persecución sindical”. “Es un acoso laboral tremendo, como mujer he sido sometida a todo tipo de violaciones, y como sindicalista estamos protegidos por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay convenios donde El Salvador es firmante, y nos amparan donde no podemos ser despedidos ni desmejorados ni trasladados”. https://www.diariocolatino.com/idalia-zuniga-califica-el-despido-como-persecucion-sindical-en-su-contra/
El otro maestro despedido es Carlos Fernando Molina Rodríguez, a quien también se le suprimió la plaza de la noche a la mañana. La causa también fue por participar en la protesta.
La supresión de plazas por participar en una marcha pacífica también se ha aplicado a empleados del sector Salud. Uno de ellos fue el de Ismael Argueta, a quien también se le suprimió su plaza como educador para la salud en Sesori, San Miguel.
Los afectados coinciden en que el Estado deja en claro que la persecución política será su mecanismo de defensa contra las organizaciones sindicales, utilizando el miedo como maniobra política.
Estas acciones son contrarias a los mensajes propagandísticos del presidente y de sus funcionarios. Por ejemplo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa aseguró a los medios de comunicación que los maestros estaban en su derecho de manifestarse porque hay libertad de expresión y al ser nuevamente consultado asume demencia.
Bukele en su discurso en la 79a Asamblea General de las Naciones, en septiembre pasado, aseveró que libertad de expresión está protegida, pero la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), lo desmintieron al confirmar sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en ese país.
La población reprocha estas mentiras porque ni el presidente ni los diputados velan por los derechos de los ciudadanos, por el contrario, los parlamentarios de Nuevas Ideas buscan frenar el descontento popular al negar sus votos para bloquear despidos injustificados de empleados gubernamentales que marchen para exigir sus derechos.
Este es otro revés que el congreso liderado por el oficialismo da a la población que los eligió para representarlos ante las injusticias, pero prefieren continuar velando por los intereses propios y del presidente.
Persecución y despidos
El recorte presupuestario 2025 viene a “socar el cincho” y recetar “medicina amarga” a los sectores del Salud y Educación, dejando el escalafón a los empleados públicos, un beneficio contemplado en la Ley de la Carrera Docente y de Salud.
Para este último, por ejemplo, el ministro de Salud, Fracisco Alabi, dijo en el 2023 que la reforma al escalafón de salud iba a proteger al 96 % del personal, garantizando la sostenibilidad de la prestación en el tiempo.
En el caso de Educación, la suspensión del escalafón afectará a las diferentes categorías, marginando y despreciando a los docentes de las escuelas públicas.
Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, manifestó que desde 2019 hasta la fecha, más de 40 maestros y directores de escuelas despedidos en San Salvador en 2024 y la supresión de plazas continuará tanto en Salud como en Educación, entre otras carteras del Estado.
Datos del Movimiento de Trabajadores Despedidos, apuntan que cerca de 25 mil trabajadores han sido despedidos durante el actual gobierno. A esto se suman otras irregularidades, incluyendo los despidos de personas que participaron en la reciente marcha blanca.
