La instrumentalización del Estado para la persecución política deja claro su objetivo. Tener el camino libre para perpetuarse en el poder con una candidatura viciada e inconstitucional.
No solo los miembros de su antiguo partido (FMLN) enfrentan persecución política, sino también empresarios, periodistas, abogados, maestros, médicos, lideres comunitarios y organizaciones que velan por los derechos humanos están en la mira.
Con la proximidad de las elecciones del 2024, el régimen de excepción es por hoy su estrategia para amedrentar las voces criticas que denuncia la corrupción de su gobierno y el desmantelamiento democrático del país.
Esta realidad parece molestarle a Bukele y para acallar las criticas de su mala administración, decide volcar contra la sociedad civil a través de la judicialización de la política por parte del Estado.
“Esta claro que todos estos procedimientos abusivos y esta evidente judicialización de la política impulsada por el régimen son el inicio de una nueva etapa de persecución motivada por fines electorales”, denunció en marzo pasado el partido de izquierda que impulso la carrera política de Bukele de 2012 al 2017.
Irónicamente, en ese mismo mes, el mandatario salvadoreño reprochaba la persecución política contra Donald Trump, y a través de su cuenta de twitter escribió: “Será muy difícil para EE. UU. usar argumentos como democracia o intentar condenar la persecución política en otros países de ahora en adelante”, pero en su país también perseguía a la oposición.
Recientemente, el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denunció públicamente ser víctima de persecución, acoso e intentos de capturas por agentes policiales contra diez de sus miembros, luego de participar una manifestación el pasado 7 de julio.
Samuel Ramírez, representante del Movir, manifestó que :“Queremos hacer la denuncia oficial del intento de captura a miembros del Movir. Sentimos una persecución nunca vista por patrullas que nos andaban vigilando, carros de civil y militares en la zona.
Fue un intento de captura real, a nosotros nos persiguió una patrulla desde el Parque Cuscatlán (San Salvador). El microbús donde veníamos como equipo de conducción (la patrulla con policías) se nos adelantaron, se pararon y nos bajaron. Por ahí escuché que alguien dijo ‘ya los tenemos’. Había órdenes de algún mando estratégico de la Policía de que nos detuvieran y nos hicieron muchas preguntas buscando excusas para agarrar a alguien”, denunció.
MOVIR dijo que presentar un aviso ante la fiscalía general de la República (FGR), aunque están claros que esta institución está bajo la orden del Ejecutivo, pero denunciarían para que quede un registro para futuras diligencias que realizarán ante instancias internacionales.
Otros de los movimientos que aseguran que hay un incremento es el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), organización que no solo ve acentuado la persecución, sino también la violación a los derechos humanos y el alto costo de la vida. https://www.diariocolatino.com/brp-bukele-ha-acentuado-la-persecucion-politica-y-la-violacion-de-derechos-humanos/
Según el BRP, desde el asalto a la Asamblea en febrero del 2020, Bukele inició una escalada represiva y capturas arbitrarias de diversos lideres, por ejemplo, los de la comunidad Santa Marta, sindicalistas de Soyapango, la captura de cinco sindicalistas de la imprenta nacional que exigían el pago de salarios.
“Son hechos que muestran una sistemática política represiva y antipopular del régimen, la cual ha sido ampliamente condenada en el país y el en exterior”, expresó Movir.
En la medida que las elecciones se aproximan, dicen los analistas políticos, la sociedad civil experimentara más persecución, amenazas y encarcelamiento, ya que hay toda una instrumentalización de la justicia.
A la fecha se calcula que al menos 50 salvadoreños abandonaron su país por persecución política, sumándose la violencia y la pobreza. https://www.agenciaocote.com/blog/2022/03/26/los-exiliados-del-gobierno-de-nayib-bukele/
