Los perseguidos son los adversarios políticos y no sus funcionarios que se han lucrado de las arcas del Estado.
El discurso mediático de los cuatro años de gobierno de Nayib Bukele, no se centró en la crisis económica del país, las pensiones o en los abusos a los derechos humanos de la población.
La retórica fue combatir la corrupción, un escenario montado para ser aplaudido por un público movilizado por el mismo gobierno, mientras anunciaba, aparte de la reducción de municipios y diputados, la expropiación de inmuebles del expresidente Alfredo Cristiani.
Ovacionado por los supuestos salvadoreños que apoyan su relación inconstitucional y sus diputados, el mandatario dejó claro que el país se encamina hacia una expropiación disfrazada de corrupción.
El expresidente Alfredo Cristiani, es la primera víctima oficial de este mecanismo que busca despojar de sus bienes e inmuebles a sus oponentes políticos para tener el camino libre de obstáculos y afianzar un segundo mandato impositivo.
Sobra le expropiación, el artículo 106 de la Constitución de El Salvador dice que “la expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización”, también indica que “se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto”.
Nayib Bukele, sin embargo, abandera una imagen de justiciero a través de la persecución política y enardecer el odio y violencia entre la población con anuncios como estos, los cuales ejecuta sin el debido proceso.
En complicidad con el fiscal impuesto por el Ejecutivo, 156 propiedades, 42 vehículos y 15 productos financieros, cuyo monto asciende a $10,620,210.24, fueron confiscadas, bajo el argumento de hacer justicia, una justicia que no llego a los 153 reos que murieron bajo su custodia.
Además, dicen los conocedores de la materia constitucional, el camino de la expropiación en El Salvador se consolidó con la Ley de expropiación de inmuebles para “obras municipales”, aprobada por el oficialismo en noviembre de 2021, una ley muy parecida a la que el dictador Daniel Ortega ejecuta.
Johnny Wright, de Nuestro Tiempo dijo en esa oportunidad es país sigue los pasos de Ortega, mientras que para las organizaciones de la sociedad civil es una estrategia para someter a los empresarios y acorralar a la oposición.
La nueva arma de Bukele, es una amenaza para la misma población, ya que, con la confiscación de estas empresas de Cristiani, muchas familias verán afectados sus ingresos al quedarse sin empleo, un punto que ignora el presidente pues la meta es destruir las voces críticas.
finalmente, remató su discurso con la que construcción de otra cárcel destinada a la corrupción. Sobre esto último, dicen los expertos en transparencia, hay “mucha tela por cortar”, ya que los primeros en ocupar las celdas del recinto en mención deberían ser sus funcionarios, muchos de ellos incluidos en la lista Engel, por corrupción y acciones antidemocráticas.
