En 13 meses bajo esta medida, 153 salvadoreños han muerto en manos del Estado. Las torturas y lesiones graves figuran entre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Cristosal, es una de las organizaciones no gubernamentales que ha documentado las violaciones cometidas bajo el régimen de excepción instaurado en El Salvador desde marzo de 2022 y que nuevamente fue prorrogado para combatir a las pandillas.
Bajo esta excusa, el gobierno de Bukele justificó y permitió el encarcelamiento de miles de salvadoreños sin vínculos con estas estructuras criminales, haciendo de esta medida una herramienta de “terror”, violando de forma generalizadas los derechos humanos ante la falta de garantías constitucionales.
Esta realidad es rechazada por el Estado, incluso el recién comisionado de Derechos humanos, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, defendió las “medidas extremas del régimen”, https://www.nacion.com/el-mundo/centroamerica/comisionado-de-ddhh-de-bukele-defiende-sus-medidas/XUNVJQ465JAPLPQXRB6UGONWPU/story/ dejando claro que su nombramiento es solo imagen.
El informe de Cristosal refleja una realidad muy distinta a la que pregona el aparato publicitario del gobierno, sus funcionarios y los cuerpos de seguridad (ejército y policía), identificados como los principales violadores de los derechos humanos.
La investigación de esta ONGs, que incluye un listado con 153 privados de libertad que murieron entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de abril de 2023 en manos del Estado salvadoreño y las agrupa cuatro categorías de las posibles causas de muerte de los reos: muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad.
Además, afirma haber recibo unas 3,275 denuncias durante el primer año del régimen, lo que equivale a 3,403 personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados y detalla que las personas detenidas sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Otras muertes, cita el documento, fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose muertes por desnutrición.
Entre los tratos crueles, Cristosal menciona las golpizas al ingresar a los centros penales, choques eléctricos, castigos físicos, hacinamiento, falta de agua, por mencionar algunos. https://larepublica.pe/mundo/2023/05/30/descargas-electricas-fosas-comunes-y-golpizas-mas-de-150-presos-han-muerto-en-carcel-de-bukele-el-salvador-nayib-bukele-1978050
Solo en el primer año del régimen de excepción, Cristosal documentó139 muertes de privados de libertad y hasta abril de 2023, la cifra de reos fallecidos verificada es de 153 reos, aunque aseguran que al 26 de mayo de 2023 los decesos rondan 160.
Otro dato que resalta el informe es que la espiral de violencia que vive la población forma parte de una deliberada política de castigo impulsada por el mismo presidente Nayib Bukele. https://cristosal.org/wp-content/uploads/2023/05/Informe-1-ano-regimen-de-excepcion_digital.pdf
Reacciones sobre el informe
Sobre esto, la Relatora Especial sobre la promoción y protección de derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Fionnuala Ní Aoláin, dijo que ha “constatado la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos bajo el pretexto de contrarrestar la criminalidad o retos de la seguridad nacional”.
La funcionaria también agregó que las “autoridades carcelarias no tienen la capacidad de tramitar tantos casos simultáneamente, lo que ha generado problemas de hacinamiento, de malas e inadecuadas condiciones de detención que pueden considerarse tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y en algunos casos tortura”.
Por otra parte, los medios de comunicación locales no han retomado este informe y los críticos señalan que hay temor que el gobierno retire la pauta comercial o incluso correr el riesgo de cerrarlos, siendo esto otra forma de censura para que la población no esté enterada de las acciones antidemocráticas de Bukele.
Sin embargo, medios internacionales sí retomaron la información como titular principal de las noticias, evidenciando una realidad que el presidente busca esconder para no afectar su reelección inconstitucional.
La abogada Sulen Ayala escribió en su cuenta de twitter que “las cárceles son campos de concentración para matar, no para la reinserción”, mientras que Napoleón Campos opinó en su cuenta que : “A los asesinados dentro de la cárceles corresponden miles de salvadoreñas y salvadoreños inocentes -capturados sin tener nexos criminales ni antecedentes penales, algunos excarcelados en condiciones de desnutrición- a quienes han destruído sus vidas y a sus familias.
Esta semana, el cardenal Gregorio Rosa Chávez, denunció que el estado de excepción impuesto por el gobierno de Bukele es un “régimen de terror” porque viola derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de un juicio justo, privadas las correspondencias.
“Esto es algo peligrosísimo para los que tienen conciencia de lo que es la dignidad humana” y agregó que “las maquinarias propagandísticas del gobierno venden una imagen positiva del país. “Presentan una cara de un país muy maravilloso, donde todo era felicidad y alegría, paz, tranquilidad y yo tenía que decir que había muchísimo sufrimiento”.
Juan Pappier, investigador de Human Right Watch, señaló que una de las más graves arbitrariedades cometidas por el gobierno de Bukele son las desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción. “Es desolador ver a tantas madres yendo de cárcel en cárcel buscando a sus hijos o familiares, sin que las fuerzas de seguridad les den respuesta”,dijo.
Las únicas reacciones progobierno provienen de cuentas falsas en redes sociales, las cuales han atacado a la organización Cristosal, acusándola de defender a las pandillas como una forma de tapar las violaciones que el gobierno salvadoreño comete bajo el régimen de excepción.
