El gobierno de Nayib Bukele deja claro que no es buen administrador de las finanzas del Estado.
La deuda pública de este país centroamericano superó los $25,709 millones y la tendencia al alza se ha mantenido desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, siendo el monto más alto desde hace 20 años.
Entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido de la insostenibilidad a la que se encamina El Salvador, exhortándolo a tener un plan de financiamiento completo afín de “tener colchón de reserva”.
El FMI no fue el único que ha advertido de esta tendencia. Lo han hecho diversas entidades como calificadoras de riesgo y bancos de inversión. Moody’s resaltaba en su último reporte de calificación de El Salvador, que la falta de “un marco fiscal creíble de mediano plazo seguirá pesando sobre la solvencia” del país.
Sin embargo, el gobierno sigue endeudándose sin reparos. Ayer, los diputados de Bukele aprobaron $1,000 millones más para pago de deuda de corto plazo, la cual se hará a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito.
Si el dinero ahora ya no le alcanza, señalan los críticos, debería reducir los gastos en promover su candidatura y presentarse con el presidente cool al traer artistas internacionales que vienen a “saquear y quebrar las finanzas estatales”.
Por ejemplo, cuestionan el gasto de $400 mil dólares por media hora en la presentación de un artista para la apertura de los juegos centroamericanos, cuando hay hospitales cayéndose, sin medicamentos, escuelas con alimentos racionados y alcaldías sin pagarles a los empleados, entre otras precariedades que viven los salvadoreños.
La parlamentaria Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que el mensaje que Bukele manda es que el dinero no le alcanza y ahora se endeuda para pagar otra deuda. ¿Por qué no le alcanza al haber tenido tantos recursos a su disposición?”, cuestionó.
Anabel Belloso, del FMLN también criticó la aprobación de estos $1000 millones, asegurando que con este nuevo endeudamiento lo que implica la “normalización de emitir toda la deuda solicitada por el Ejecutivo “aquí se hizo ley que cada sesión plenaria es nuevo endeudamiento”.
El dinero ya no le alcanza a Bukele
La urgencia de dinero lleva al gobierno a “rascar” ante la falta de financiamiento externo y por ello recurre a los inversionistas locales para que le presten fondos a tasas de interés altísimas.
Además, está aplicando la “medicina amarga” a la población con el incremento de tasas municipales, muchas de ellas absurdas. Tanto las iglesias como las organizaciones les ha dado un plazo de 24 meses para legalizar los sistemas contables.
Las tasa de interés que el gobierno estaría pagando es del 8.25% a un plazo de entre 330 y 360 días a los inversionistas nacionales o internacionales que aceptaron prestar los fondos.
Esta mala administración la pagaran todos los contribuyentes, debido al perfil crediticio que tiene en el extranjero, pues en el caso de los Cetes la anterior emisión había sido en octubre de 2022 por $200 millones, pero a una tasa del 7.5% para pagarlos en menos de un año.
Los escases ha obligado al gobierno salvadoreño ha quitar presupuestos destinado al desarrollo social para solventar su deuda a costa de la población y exonerando de impuestos a empresas cercana a su círculo de amistades.
Por otra parte, el Ejecutivo no ha respetado el ahorro de los trabajadores y ha metido mano para cubrir las pensiones de los trabajadores ya jubilados. El monto a tomado asciende a $1,322 millones hasta mayo pasado.
El tomar prestado se ha hecho costumbre en la administración Bukele, pero no paga ni rinde cuentas. Tal es el caso de los $170 millones que heredó de Sánchez Cerén para la construcción del Hospital Rosales y el de Nejapa.
De ese dinero no da cuentas en qué se invirtió, solo se limitó a decir que el nuevo hospital se hará con “fondos propios” por un monto de $61.2 millones, mientras que Nejapa costará $50 millones.
Sobre esto, el exviceministro de Salud, Eduardo Espinoza, quien estuvo presente en las reuniones para obtener el préstamo del BID y debió ser ejecutado en un plazo de cinco años, advierte que Bukele “miente” y busca “confundir a la población” para que no le exijan cuentas.
En 2020, el ministro de Salud, Francisco Alabí, declaró ante la Comisión especial que investigaba el manejo de fondos públicos durante la pandemia, que una parte de los $170 millones del préstamo del BID se habían usado para la emergencia.
Lo cierto, dicen las organizaciones de la sociedad civil es que la corrupción que criticó Bukle es la misma que ahora practica por esa razón el dinero tampoco le alcanza a él.
