El diplomático acreditado en ese país dijo que “el gobierno tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso”, el cual hace falta en el estado de excepción.
Volver a la normalidad del debido proceso, es la solicitud del embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, quien también reconoce que las maras son un peligro para la población.
Sin embargo, exhortó a las autoridades de seguridad pública a “consolidar lo que han ganado en materia de seguridad” y restablecer el debido proceso de la ley, lo cual es responsabilidad del gobierno.
A dicha preocupación se suma la expuesta días atrás por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ante la excesiva duración del estado de excepción en El Salvador.
.”Me preocupa la excesiva duración del actual estado de excepción y las detenciones masivas que se han producido en este contexto, así como las inaceptables condiciones carcelarias y las restricciones del espacio cívico y del debido proceso”, denunció Turk durante su participación en el 54º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
De igual manera, las organizaciones nacionales e internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos han solicitado en reiteradas ocasiones ponerle fin al régimen, ya que este ha sido utilizado para realizar torturas, golpizas, tratos crueles e inhumanos dentro de los penales de salvadoreños sin vínculos pandilleriles.
Por su parte, el gobierno encabezado por Nayib Bukele y sus funcionarios han criminalizado a estas organizaciones acusándolas de defender a delincuentes y acosándolas políticamente.
Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en Inglés), dijo durante una entrevista a YSUCA, que las reformas penales aprobadas en el régimen convierten el derecho a la presunción en una excepción: “La presunción de inocencia está desapareciendo porque prácticamente se está invirtiendo el rol, no es el Estado ya el que tiene que probar que soy culpable, si no que ahora soy culpable y tengo que probar que soy inocente”.
Además, manifestó esto “genera un sistema injusto que puede terminar en condenas de personas que no tienen ninguna conexión con las organizaciones terroristas”, por la ampliación de forma vaga de los criterios para determinar si una persona pertenece o colabora con un grupo criminal.
Para el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro,“El Plan Control Territorial que para muchos ‘opositores, sobre todo a estos organismos internacionales satélites de los criminales y del crimen organizado’, era un plan que no existía, en menos del primer quinquenio del Presidente Bukele podemos decir que ha sido una estrategia que ha logrado transformar la realidad de los salvadoreños”.
Régimen que maquilla la realidad
El régimen de excepción en El Salvador es visto como una estrategia para “maquillar” la realidad que vive la población que sufre violación a sus derechos humanos y ganar simpatía electoral ante la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele.
Bajo esta bandera populista de acabar hasta con el último pandillero, el gobierno pone en marcha la maquinaria publicitaria para opacar los pactos con las maras y los señalamientos de corrupción de sus funcionarios.
Para ello, criminaliza a las organizaciones de derechos humanos no gubernamental, las protestas y persigue a los disidentes, entre ellos empresarios, periodistas, exfuncionarios, lideres comunales y hasta sindicalistas que después de apoyarlo en el 2019, hoy son desechados y despedidos.
De esta forma, aplaca las voces que se atreven a denunciar las atrocidades cometidas en el régimen de excepción, nombra a un Comisionado de derechos humanos y una procuradora de derechos humanos como fachada.
Ambos funcionarios afirman que no hay violación a derechos humanos de los salvadoreños capturados e invitan a medios internacionales “pagados” para que hablen maravillas de la megacarcel, pero no los lleva a los penales de Izalco, Mariona o Apanteos donde están muchos salvadoreños hacinados, torturados y hasta asesinados.
En otras palabras, el estado de excepción se ha convertido en un arma poderosa para el presidente contra los opositores y mantener un régimen de terror en este país.
La oposición considera que el régimen será levantado después de las elecciones, mientras tanto es la única vía del gobierno ante la perdida de simpatizantes y garantizar el fraude electoral.
