La imparcialidad en el tema pone en duda el rol como defensor de los derechos humanos de los salvadoreños.
Esta es la tercera vez que el funcionario colombiano afirma que no hay tal violación a los derechos humanos de los detenidos bajo el régimen de excepción, luego de recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras se hacía acompañar de un medio de comunicación internacional.
“No existen violaciones de derechos humanos, que están dentro del momento que están pasando por sus vidas, están en condiciones dignas y en términos generales, que hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer, pues desde el punto de vista de derechos humanos, por ellos, pero que lo estamos haciendo bien”, manifestó el comisionado contratado por Bukele.
Sin embargo, su apreciación solo incluye a la megacárcel, la cual tiene seis meses de construida y en la que se encuentran lideres de las pandillas de la MS18 y MS13 que gozan de privilegios producto del pacto con el actual gobierno, según investigaciones periodísticas salvadoreñas.
De acuerdo con opiniones de salvadoreños que tienen familiares en los penales de Izalco y Mariona, la afirmación de Guzmán responde a los lineamientos del presidente, ya que no puede comparar el CECOT con el resto de los penales.
“En Izalco y Mariona es otra realidad, es un inferno para muchos salvadoreños capturados en el régimen y a pesar de no tener vínculos con las pandillas, llevan meses detenidos, en hacinamiento, sin atención médica y donde han muerto unos 180 reos”, sostiene una familiar de detenido y que día y noche se hace presente en el “Penalito”, esperando a su hijo.
Esta declaración ha sido calificada como una mentira más del gobierno de Bukele, quien, ante los cuestionamientos sobre la política de seguridad y las violaciones a los derechos humanos, “contrata a extranjeros para que sean tapadera de la corrupción.
Opiniones como estas también son expuestas en las redes sociales, donde es evidente el rechazo hacia Guzmán, que “al parecer, repite el mismo discurso del oficialismo.
La abogada Lucrecia Landaverde, expresó en su red social que “debería de intentar velar por la defensa de los derechos humanos de los injustamente encarcelados, en lugar de dedicarse a proteger la imagen del gobierno. Aquí se están cometiendo graves violaciones y usted, ni siquiera registra las denuncias”.
Esto en respuesta a la afirmación del ministro de Seguridad, tras aseverar que habían puesto en libertad a 7 mil salvadoreños, que, siendo inocentes, pasaron año y medio presos, destruyéndoles la vida, su honor, trabajo y gastaron miles de dólares en su defensa”.
Algunos ciudadanos consideraron que el comisionado Andrés Guzmán es una “burla para la justicia de este país y las víctimas del Estado”, incluso pidieron que sea expulsado como una “persona non grata para los salvadoreños”.
No es la primera vez que el Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Prensa, asegura que no hay tal delito y lo sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que organizaciones explicaran múltiples hallazgos e indicios de brutales violaciones a detenidos por el régimen de excepción.
Con el recorrido por el CECOT, Guzmán buscó apaciguar los señalamientos hacia el gobierno y mejorar la imagen de Bukele que busca un segundo periodo aún cuando la Constitución lo prohíbe.
Sin Derechos humanos ni libertad de prensa
Para la opinión pública, el Comisionado comete un grave error al presentan una realidad ordenada por el Ejecutivo y de paso ignorar a la prensa nacional, la cual debió ser la primera en constatar la situación de los privados de libertad.
En su lugar, invitó a un medio extranjero a recorrer el CECOT y no los penales de Mariona, Zacatecoluca e Izalco y presentar la otra cara de las cárceles salvadoreñas.
Guzmán deja un sin sabor entre la población que ha visto vulnerado sus derechos humanos porque junto a la procuradora de Derechos Humanos han maquillado la situación de los reclusos, muchos de ellos con cuerpos esqueléticos y llenos de sana, algo que no se ve en el CECOT.
Con esta exclusión de medios de comunicación y organizaciones defensoras derechos humanos, se tapa la corrupción del gobierno y los crímenes de lesa humanidad registrados en las prisiones salvadoreñas.
