De hipócrita y desafortunado, calificaron el nombramiento de Andrés Guzmán Caballero como encargado de los derechos humanos y libertad de expresión.
El gobierno de Bukele se caracteriza por una constante violación a los derechos humanos y libertad de expresión, esto según informes de organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña.
Por ello, los partidos de oposición descartaron que el gobierno tenga interés en hacer respetar los derechos humanos de los salvadoreños, cuando el Ejecutivo y sus mismos funcionarios son los primeros infractores.
A su juicio y sin temor a equivocarse, aseguraron que el propósito es más de imagen, ya que su gestión en este tema ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las relatorías de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional, sin faltar organizaciones locales como Cristosal y por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Anabel Belloso, diputada del FMLN, dijo que el nombramiento es “hipócrita”, porque ese mismo día un periodista fue detenido por la policía mientras ejercía su trabajo y “salen ellos con ese nombramiento, como queriendo decir que van a actuar bajo la tutela de los derechos humanos de la población”.
La parlamentaria también manifestó que en el país hay defensores de derechos humanos “que muy podrían haber sido delegados para esa tarea”, pero no se nombró a ninguno, al tiempo que comparó el nuevo cargo con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), tras poner en evidencia las irregularidades del actual gobierno.
En este mismo contexto se refirió a que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha sido indiferente con los salvadoreños que han sido violado sus derechos humanos.
“Si hace su trabajo y se apega a lo que le tocaría hacer, sin duda va a ser destituido, porque más parece que el gobierno lo que quiere es lavarse la cara y aparentar que tutela los derechos humanos de la población, cuando en la práctica es el principal agresor”, opinó Belloso.
Igual postura tuvo e diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, quien comentó desconocer el perfil de Guzmán Caballero y que su nombramiento le parece “desafortunado, dado que sí conozco de muchas personas salvadoreñas que podrían ejercer ese cargo”.
Claudia Ortiz, de Vamos fue más contundente al mencionar que el primer ente obligado en la tutela de los derechos humanos es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , pero no se cuenta con una Sala (de lo Constitucional) legítima sino una de facto.
“El primer ente encargado de defender los derechos de la población ante abusos del Estado es la Sala de lo Constitucional y no tenemos una Sala. Fue cooptada, fue usurpada el día 1 de mayo de 2021, por ahí empecemos”, citó Ortiz.
Hasta que exista una Sala de lo Constitucional “legítima, independiente y que no sea genuflexa al poder”, refirió, se puede hablar de “comisionados de derechos humanos y libertad de expresión. Mientras tanto, mucho ruido y pocas nueces”.
Guzmán Caballero, es experto en crimen informático y evidencia digital. Según cambiocolombia.com, el ahora comisionado montó un laboratorio, entidad que fue acusada de espiar a funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
