El combate a la corrupción se quedó corta porque no tomó en cuenta a los funcionarios de la actual administración, señalados en la lista Engel.
La inhabilitación de Erick García, diputado de Nuevas Ideas y el arresto de Alejandro Muyshondt, asesor del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), es calificada por la oposición como una acción política que busca mejorar la imagen del presidente Bukele.
Sobre este hecho, el gobernante escribió en su cuenta oficial X dijo que Muyshondt era informante del expresidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua y agregó que “la guerra contra la corrupción apenas comienza…Aún hay mucha tela que cortar”, sentenció.
El mensaje político de Bukele tanto con el arresto de asesor y la inhabilitación del diputado, es proyectar que “no tolerará la corrupción de sus funcionarios” y la justicia será aplicada.
Sin embargo, el mandatario aún tiene dentro de su gabinete a funcionarios que fueron señado por el Departamento de Estado de EE.UU de corrupción, entre ellos, Carolina Recinos, Osiris Luna, Carlos Marroquín, Rolando Castro, Conan Castro, Ernesto Sanabria, Javier Argueta, Christian Guevara, entre otros. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/autoritarismo-breaking-news-corrupcion-ernesto-sanabria-estados-unidos-joe-biden-lista-engel-nayib-bukele-/971378/2022/
Esta doble moral de justicia es cuestionada por la población, quienes resienten que el gobierno se “haga del ojo pacho” con sus propios corruptos, porque la ley debe ser pareja y el presidente debe dar el ejemplo.
Además, los salvadoreños consultados agregan que, “cómo es posible que se deje en libertad a corruptos y que se castigue con trabajo comunitario” a funcionarios municipales del oficialismo, mientras que a otros les aplica todo el peso de la ley.
Por su parte la abogada, Lucrecia Landaverde, expresó en su red social X que “no es una guerra contra los corruptos. Es guerra entre corruptos, rencillas entre delincuentes, ajuste de cuenta entre las clicas dentro del gobierno”. https://twitter.com/LucreciaL_L/status/1689654240782811136?t=tTlj8XDMULi6npxBi6KGDw&s=19
La parlamentaria Anabel Belloso, también expuso su punto de vista sobre esto y se refirió que “al que hace pública la corrupción” va a la cárcel, pero a los “corruptos más cercanos al poder; Lo dejan libre, guarda silencie e incluso lo nombra funcionario”, mientras que “ a los aprieta botones: desechables, no importa que tan fuerte aplaudan”.
Para el analista político Antonio Salazar, la captura de estos funcionarios no tienen como objetivo combatir la corrupción, sino “hacer show para seguir engañando al pueblo”.
Si el gobierno buscara atacar la corrupción de frente, dicen los críticos, aún funcionara la CICIES, pero como los primeros en aparecer en la lista eran sus socios y amigos, la abortó para no rendir cuentas.
En agosto de 2019, justo dos meses después de asumir la presidencia, aseguró que en los primeros 100 días de su gestión lanzarían la CICIES. Finalmente terminó con ella y con el fiscal Raúl Melara por investigar la corrupción del gobierno de Bukele.
“La guerra contra la corrupción la lidera un presidente incapaz de castigar la corrupción en su propia oficina”, escribió Héctor Silva, Concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo.
