A su llegada a la presidencia Nayib Bukele condenó las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el resto de la región, pero hoy él también los irrespeta.
Camino a su cuarto año de gestión, el gobernante salvadoreño figura como un violador más en el tema de derechos humanos, situación que se ha profundizado con los despidos injustificados en las instituciones estatales, los arrestos arbitrarios y la persecución política.
Un agravante más es la implementación del régimen de excepción, el cual fue prorrogado por décimo tercera vez y con ello la suspensión de las garantías constitucionales y según WOLA, también ha eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado y el derecho al acceso a la información pública. https://www.wola.org/es/2022/09/corrupcion-estado-de-excepcion-el-salvador/
De acuerdo con este organismo internacional, las violaciones a los derechos humanos han sido el efecto más visible y preocupante del régimen de excepción porque se ha normalizado el clima de irrespeto a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, la libertad de movilización y asociación, entre otros.
El informe de WOLA señala que el régimen es utilizado para reprimir, acallar y amenazar a las voces críticas de las acciones cometidas por el gobierno de Bukele.
Celia Medrano, especialista en derechos humanos de Cristosal, cuestiona esta medida de seguridad porque no solo es dirigido para combatir la criminalidad, sino que “está implementado para garantizar el control de la sociedad con base al miedo”.
Además, critica la indiferencia ante la pérdida de garantías constitucionales, sobre todo en los casos de detenidos que han fallecido dentro de las cárceles o en los hospitales adonde fueron llevados en grave estado, mientras que otros casos en que han sido “torturados y víctimas de tratos degradantes dentro de las cárceles”.
Para los expertos, las violaciones de derechos humanos han sido posibilitadas gracias al desmantelamiento de las instituciones democráticas cometidos por parte del presidente Bukele.
Hoy día los salvadoreños están solos porque no existe ninguna entidad gubernamental independiente que ejerza freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos. https://news.un.org/es/story/2023/03/1519742
Organismos internacionales piden a Bukele respetar derechos humanos
No solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado salvadoreño restablecer los derechos y garantías suspendidos por el régimen suspendidas desde hace 13 meses. También la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU.
Sin embargo, el gobierno no ha atendido las peticiones de estas organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos, por el contrario, éstas no han escapado de los ataques realizados por los funcionarios de gobiernos, los cuales los acusan de defender a los “terroristas”.
Uno de ellos ha sido el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al declarar que las organizaciones se están enfocando en pedir la vigencia de los derechos humanos “para terroristas”, aún bajo el criterio de que los mismos universalmente son inalienables.
Por su parte, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) Benjamín Cuéllar, afirma que El Salvador ha retrocedido en cuanto a derechos fundamentales luego de las constantes muertes en centros penitenciarios y las detenciones arbitrarias.
A su juicio la prolongación de la medida es un indicativo de fracaso. “Una normativa, como su palabra lo dice, es excepcional, cuando ya pasa de un mes, dos meses, tres meses, si no resolvió el problema o si lo resolvió “se convierte en un régimen de decepción”, sostiene Cuellar.
Recientemente La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias masivas, las condiciones de detención y las muertes durante los arrestos y le recordó que incluso durante los estados de excepción el derecho a la vida, el derecho a ser libre de torturas y el principio a un juicio justo siguen vigentes.
Según la portavoz de la oficina, Marta Hurtado, “es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor y solo se tenga información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes. El Estado también tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos”.
