El fallecimiento de más de 80 salvadoreños bajo la custodia del Estado es cuestionado por las organizaciones sociales del país y también por los organismos internacionales. El gobierno de Bukele asume demencia.
Según familiares los familiares de los reos, a los cuales no se les comprobó que pertenecieran a pandillas y que perdieron la vida dentro de las cárceles, “al presidente Bukele se le pasó la mano dura porque en el régimen están pagando justos por pecadores”.
Muchos de estos parientes aseguran que se le negó el derecho al debido proceso y que los jueces, sabiendo que eran inocentes, decidieron mantenerlos encerrados por orden del Ejecutivo.
Además, confirman que entre los capturados había enfermos crónicos, personas con discapacidades y aún así se los llevaron. Lo más grave es que quienes tuvieron la oportunidad de salir, solo fue para morir ante la falta de asistencia médica y de alimentos.
Otros reos están en calidad de desaparecidos, sus familiares van de un penal a otro, a las delegaciones de la PNC y no hay respuesta del paradero de ellos, lo cual es alarmante para las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
El informe de organizaciones de la sociedad civil ante el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas detalla que tanto elementos de la policía como militares han llevado a cabo detenciones masivas. El último dato es de 67, 203 detenidos hasta abril del presente año.
La población más vulnerable son jóvenes de zonas populares, acusados del delito de agrupaciones ilícitas sin ningún fundamento y negándoles su derecho a la defensa.
Dicho informe revela que la mayoría de las muertes de personas privadas de libertad ocurrieron en el Centro Penal de Izalco (52), Centro Penal La Esperanza (19), Centro Penal de Quezaltepeque (6) y Centro Penal de Apanteos (5).
La edad de las victimas oscila entre los 18 y 50 años. 98 eran hombres, dos mujeres y para otras dos personas no estuvo disponible la información, dejando a los familiares en zozobra.
Las organizaciones denuncian que estas muertes de privados y privadas de libertad son consideradas como ejecuciones extrajudiciales según las Naciones Unidas porque se debieron al uso de tortura, negligencia o abandono de personas enfermas, y en general son producto de unas condiciones de detención que ponen en peligro la vida de las personas capturadas. https://www.dplf.org/sites/default/files/muertes_en_carceles_durante_el_estado_de_excepcion_en_el_salvador_-_presuntas_ejecuciones_extrajudiciales_-_informe_a_relator_especial_de_naciones_unidas.pdf
Un punto que resalta es la falta de investigación por parte de las autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukele sobre las muertes dentro de las cárceles y el hacinamiento, a pesar de la apertura de una mega cárcel.
Testimonios de dolor
Los cuerpos de seguridad, policía y fuerza armada han sido nombrados por el mismo presidente como “jueces de la calle”, dándoles la facultad de capturar a diestro y siniestro, es decir, a todos lados y en gran cantidad, incluso al principio de la entrada en vigor del Régimen, la orden era llenar la cuota de capturados por día.
Para los familiares, el régimen les ha traído, dolor, luto y humillación porque sin pertenecer a las pandillas ahora son señalados de delincuentes y viven con el temor de salir a las calles a buscar el sustento diario.
Una madre de familia, que está en un proceso de cáncer, cuanta el dolor que le provocó la captura de su hijo mientras estaban en el velorio de un familiar y ha 10 meses de su detención, lo único que sabe es que está en Izalco, pero no sabe si está vivo o muerto.
Los medios de comunicación como La Prensa Gráfica, Revista Digital Factum, El Faro y Gato Encerrado e instituciones como Cristosal y el IDHUCA, han documentado testimonios de los familiares que afirman no saber donde están los detenidos.
Su hijo fue acusado de agrupaciones ilícitas aun cuando la misma autoridad verifica con el DUI del detenido que no tenía antecedentes penales ni estaba en la lista de pandilleros que buscaban. La respuesta de la autoridad es que recibieron una llamada anónima y quedaba detenido.
Otro de las víctimas del régimen, narra como los mismos pandilleros dentro del penal le propiciaron una golpiza hasta dejarlo moribundo y tuvo que soportar en silencio para lograr salir con vida.
Según las organizaciones suscriptoras se ha documentado casos de muertes por padecimientos adquiridos en cárceles, tales como: neumonía, tuberculosis, y enfermedades de la piel e infartos, incluso complicaciones de salud por no recibir tratamiento médico, como, por ejemplo, reos diabéticos y con cáncer.
Entre las organizaciones que suscriben el informe presentado se encuentra el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
Las recomendaciones del documento son puntuales: Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, realizar investigaciones efectivas, transparentes y basada en evidencias en los casos de muertes bajo custodia estatal durante el estado de excepción.
Asimismo solicitan dejar sin efecto el estado de excepción a la brevedad, asegurar que los recintos policiales dispongan de los fondos necesarios para proporcionar alimentos y agua, garantizar el acceso a la información pública sobre la situación de personas privadas de libertad y finalmente, garantizar que las muertes ocurridas bajo custodia estatal puedan ser investigadas efectivamente.
