La emergencia sanitaria y la lucha contra las pandillas le abrieron el arca de los fondos al Estado para administrarlos a su antojo y sin rendir cuentas.
Durante la pandemia por Covid-19, el gobierno central tuvo a disposición más de 3 mil millones para enfrentar la crisis sanitaria que cobra la vida de 4,230 personas, aunque se organizaciones sociales estiman que el número de fallecidos es mayor.
De acuerdo con declaraciones de Bukele, el país no tenía “ni un centavo partido por la mitad”, pero el mismo informe del Banco Central de Reserva afirmaba que el Estado había recibido en concepto de deuda externa, interna y donaciones hasta $3,251,257.37 en ese periodo, dejando al descubierto la práctica de mentir del gobernante.
Pese a ello, seguía insistiendo en la carencia de fondos para encarar la emergencia sanitaria y responsabilizaba a la Asamblea de no aprobarle fondos, situación que fue un “tira y encoge” entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.
Además, le incomodaba rendir cuentas, ya que la Ley de adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) lo obligaba a transparentar el uso de los fondos, pero decidió ignorarla.
Con las elecciones para diputados y alcaldes del 2021, Bukele tomó el control del congreso y el oficialismo comenzó a aprobar préstamos tras préstamos, llevando al país a una deuda publica de más de $30 millones en cinco años.
En el 2023, la rendición de cuentas le continuaba estorbando y ordena una nueva normativa para las compras y sepulta la LACAP para darle vida a una ley a su medida: la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), aprobada en enero de 2023.
Con esta reforma, el gobierno puede hacer lo que mejor le plazca con los fondos estatales y favoreciendo con contratos los negocios de sus diputados, amigos y familiares.
Compras sin fiscalización
El acceso a la información es un derecho y también es una herramienta en la lucha contra la corrupción porque permite implementar la auditoría ciudadana a los actos del gobierno y promover la rendición de cuentas.
Sin embargo, al igual que en la pandemia, el régimen de excepción es otra estrategia para echar mano de los fondos estales y Bukele bloqueó el acceso a la información y la puso bajo reserva para que la ciudadanía no le lleve contadas “las costillas”.
La Asamblea Legislativa ha sido la mayor cómplice, ya que a golpe de decretos para darle continuidad al régimen, le permite al Estado administrar los fondos públicos sin mayor verificación del uso de ese dinero.
Hasta diciembre de 2022, el gobierno de Bukele ha tenido más de $180 millones para combatir la criminalidad de las pandillas. El primer refuerzo fue de $60 millones.
A estos se sumaron otros $10.9 millones destinado al Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la fiscalía general de la República (FGR), en el margen de la suspensión de las garantías de inviolabilidad de las telecomunicaciones durante el régimen de excepción.
En junio de 2022 se sumaron dos refuerzos. Uno de $50 millones destinados para el apoyo en labores de seguridad y el otro de $25 millones para la compensación económica a los agentes de la PNC. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-de-El-Salvador-ha-destinado-mas-de-180-millones-al-regimen-de-excepcion-20221204-0047.html
El Fondo para Emergencias también ha financiado parte del régimen de excepción. En los dos primeros meses bajo el régimen de excepción se transfirieron $14.9 millones provenientes del FOPROMID, de los cuales se ejecutaron $11.6 millones.
Según se detalla en la memoria de labores correspondiente a 2022-2023, hasta mayo se realizaron transferencias por un total de $32.1 millones, con una ejecución de $30.7 millones.https://gatoencerrado.news/2024/01/24/gobierno-de-bukele-sigue-usando-el-fondo-para-emergencias-sin-emergencia/
El uso de los recursos públicos sin supervisión ha llevado a El Salvador a un endeudamiento de forma desproporcionada, mientras la publicidad gubernamental asegura que el país va por buen camino, pero el mayor reto que enfrentara en este segundo periodo inconstitucional es la estabilidad económica.
