En un movimiento financiero que ha levantado sospechas, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) de El Salvador adquirió un terreno en septiembre de 2022 por un precio exorbitantemente mayor al que costó apenas 18 meses antes. La transacción, que involucró un pago de más de un millón de dólares por un terreno que previamente había sido comprado por $80,000, plantea serias preguntas sobre la gestión y justificación de los fondos públicos.
Detalles de la Transacción
La propiedad, ubicada estratégicamente a lo largo de la carretera Panamericana en el municipio de Nueva Guadalupe, había sido adquirida por la empresa Lotificadora de Oriente, S.A. de C.V., antes de ser vendida a la DOM. Este terreno, que había cambiado de manos entre familiares oriundos del oriente del país, experimentó una valorización dramática en un periodo muy corto, suscitando dudas sobre la valoración y los criterios utilizados para tal fin.
Implicaciones Legales y Económicas
Según la legislación salvadoreña, específicamente la Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por el Estado, el precio de una propiedad adquirida con fondos públicos no debería exceder en más del 25% al valor declarado en los dos años anteriores. Esta transacción, que superó el valor original en un 1400%, no solo desafía esta normativa sino que también plantea serios interrogantes sobre la posible sobrevaloración y el uso de fondos públicos.
Repercusiones y Respuestas Institucionales
La falta de transparencia y la ausencia de respuestas claras de la DOM ante solicitudes de información por parte de Revista Factum, agregan capas de preocupación respecto a la administración de los recursos estatales. Este caso se inscribe en un patrón más amplio de operaciones cuestionables y posiblemente, según expertos, prácticas que podrían encuadrarse dentro de riesgos de lavado de dinero a través del sector inmobiliario, tal como lo describe la Guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
