Con la inminente reestructuración de los municipios en El Salvador, que reducirá el número de alcaldías de 262 a 44 a partir del 1 de mayo de 2024, surgen preocupaciones significativas sobre el futuro laboral de los empleados municipales. La Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador (FESITRAMES) advierte sobre un posible “despido masivo”, contradiciendo las promesas del gobierno de mantener la estabilidad laboral.
Contexto de la Reorganización Municipal
Esta drástica reducción en el número de alcaldías, defendida por el gobierno como una medida de eficiencia y ahorro, podría tener consecuencias severas para cientos de trabajadores municipales. Según Guadalupe Centeno, secretaria de FESITRAMES, aunque el presidente Nayib Bukele ha asegurado que solo se eliminarán las plazas de confianza, como gerencias y cargos electivos, la realidad que reportan los sindicatos apunta a una amenaza mucho más amplia para los empleados operativos y administrativos.
Críticas al Manejo Administrativo
El enfoque de la administración actual hacia la reorganización ha sido criticado no solo por su potencial impacto laboral sino también por la falta de transparencia y diálogo con los representantes de los trabajadores. Durante el período de reorganización actual, se han reportado prácticas que sugieren un desinterés en la colaboración con sindicatos y trabajadores, esencial para una transición equitativa y justa.
Consecuencias para los Trabajadores Municipales
Los trabajadores municipales, quienes son la columna vertebral de las operaciones locales—desde la recolección de basura hasta el mantenimiento de infraestructura—, se encuentran en una posición vulnerable. Las declaraciones de los sindicatos indican que, contrariamente a las promesas gubernamentales, muchos empleados han sido informados por sus superiores directos de que probablemente serán despedidos. Este tipo de comunicación contradice directamente las declaraciones públicas y compromisos del gobierno.
Implicaciones Políticas y Sociales
La política de reorganización municipal promovida por el gobierno de Bukele, que inicialmente se vendió como una estrategia para mejorar la eficiencia administrativa, ahora se enfrenta a críticas por su ejecución y las implicaciones sociales de sus decisiones. A medida que los nuevos alcaldes tomen el control de territorios más amplios, el aumento de sus salarios también ha sido un punto de controversia, destacando preocupaciones sobre la equidad y la justificación de tales aumentos en el contexto de los despidos masivos.
Conclusión
Mientras el gobierno salvadoreño avanza con su plan de consolidación municipal, la falta de medidas protectoras claras y el diálogo con los trabajadores municipales plantea serios cuestionamientos sobre la equidad y la justicia de esta reforma. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos laborales observan con preocupación, esperando que el gobierno tome acciones para mitigar los efectos negativos y garantizar la seguridad laboral de los afectados.
