Tres lideres de la MS-13 enfrentan cargos por terrorismo en un tribunal de Nueva York

Los acusados enfrentar cargos federales, entre éstos, extorsión, conspiración para brindar apoyo material a terroristas y conspiración de narcoterrorismo.

Vladimir Antonio Arévalo-Chávez, 47; Walter Yovani Hernández-Rivera, 29; y Marlon Antonio Menjivar-Portillo, de 47 años, fueron deportados de México y puestos bajo custodia estadounidense en el aeropuerto de Houston.

Los cabecillas no solo enfrentan acusaciones por extorsión, conspiración para brindar apoyo material a los terroristas, sino que también eran los responsables de

supervisar la expansión de la pandilla en México, donde forjaron alianzas con carteles mexicanos y traficaron drogas, personas y armas, e incluso mataron a migrantes y pandilleros que intentaron huir.

Esta información la dio a conocer el Departamento de Justicia del Estado de Nueva York, el pasado jueves y en ella detalla que dicha estructura criminal operaba como una gran empresa de la MS-13 en El Salvador, México y Estados Unidos.

Los detenidos figuraban en la liste de las 13 personas nombradas como presuntos líderes de las pandillas, quienes recurrían a la violencia para extorsionar y ejercer el control, según las autoridades.

Además, les acusa de más de 65 asesinatos en el área de Nueva York desde 2009. Cuatro más involucrados de tráfico de personas y se cree que seis  cabecillas están bajo custodia salvadoreña y Estados Unidos busca su extradición, pero el gobierno de Bukele se opone.

Los pandilleros nombrados en la acusación que siguen prófugos son  José Wilfredo Ayala-Alcántara, Jorge Alexander De La Cruz, JuanAntonio Martínez-Ábrego y Francisco Javier Román-Bardales.

Para éstos, las autoridades federales están ofreciendo una recompensa de $20,000 por información que conduzca a su arresto y condena.

El informe de Estados Unidos revela que con las ganancias ilícitas financiaron los intentos de la pandilla de controlar el territorio e influir en el gobierno de El Salvador.

“La acción de hoy deja en claro que no hay escondite, en ninguna parte del mundo, para los líderes de pandillas violentas que aterrorizan a las comunidades estadounidenses”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado el jueves.

“El Departamento de Justicia continuará usando toda la fuerza de nuestras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para interrumpir y desmantelar a la MS-13 y otras organizaciones criminales transnacionales y hacer que sus líderes rindan cuentas”.

Historial delictivo de la MS-13

La estructura criminal fue creada por refugiados salvadoreños en California en la década de 1980. expandiéndose por toda América Central, siendo bastión en el extremo este de Long Island.

En las últimas dos décadas, cientos de sus miembros han sido condenados por delitos graves en un tribunal federal y en esta acusación se detalla la estrategia empleada por los líderes de la MS-13 para controlar a los pandilleros en el área de Nueva York.

Para ello, enviaban a personas de confianza a dirigir actividades que incluían asesinatos, asaltos, extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, entre otros delitos que se enlistan en este comunicado.

Asimismo, se revela que ganancias se destinaron a financiar los intentos de la pandilla por mantener el poder en El Salvador, donde controló franjas de territorio y actividad económica y acumuló escondites de armas para atacar a la policía.

En la acusación se informa que las pandillas compraban armamento de grueso calibre que incluyó ametralladoras, artefactos explosivos improvisados, granadas y lanzacohetes

Su accionar en México, la MS-13, se concentró en establecer alianzas con los carteles mexicanos, extorsión a los migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, incluidos los que viajaban en la ruta del tren conocida como La Bestia, donde quienes no pagaban a veces eran arrojados de los trenes en movimiento.

Hasta el momento, el gobierno salvadoreño guarda silencio sobre esta nueva información  girada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se acusa de cargos federales a dos de sus funcionarios, Osiris Luna, director de centros penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social, Ambos acusados de ser los mediadores de las negociaciones gobierno-pandillas.

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