“Cuando los salvadoreños convierten su bitcoin a dólares, ellos no reciben dólares en su billetera digital”, según Athena, la empresa que fabricó Chivo, la billetera digital del Gobierno salvadoreño. En un documento oficial que presentó el 10 de febrero de 2022 al Gobierno de Estados Unidos, Athena dice que los usuarios de Chivo “se vuelven portadores de monedas de ‘stable-dollars’, que solo son un certificado de los dólares reales. En ese punto, los salvadoreños poseen un activo respaldado por la entera fe y credibilidad del gobierno del señor (Nayib) Bukele”.

La afirmación está contenida en un documento conocido como prospecto, un requisito para las compañías que quieren vender sus acciones en la bolsa de valores estadounidense. La compañía Athena Bitcoin Global presentó el prospecto a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés). La información es parte de la oferta legal que debe ser entregada a los potenciales compradores de sus acciones.

El Faro mostró el documento a tres expertos para entender qué significa para los usuarios de la Chivo Wallet, alrededor de cuatro millones según el Gobierno, el uso de monedas estables o certificados. Coinciden en que la falta de transparencia sobre la naturaleza de estos certificados de dólar, token o vales digitales añade incertidumbre a los usuarios de Chivo.

David Gerard, un periodista australiano autor de libros sobre criptomonedas, dice que el fraseo de que los salvadoreños no reciben dólares sino certificados en sus cuentas de Chivo es extraño, pero es una forma de “describir el método de mantener dólares en una cuenta en Chivo”. “Es preocupante que se refieran a un activo ‘respaldado por la  entera fe y credibilidad’ del Gobierno, porque esa es la definición del dinero fiat”, dice Gerard, pero añade que “el documento también dice que los dólares en Chivo están respaldados por dólares estadounidenses”.

“Chivo está en una posición donde uno esperaría una institución pública completamente transparente, pero que ha sido creada como una empresa privada donde a nadie se le permite mirar dentro de ninguna forma”, dice Gerard.

Esa falta de transparencia es un problema que implica riesgos, de acuerdo con Óscar Salguero, un ingeniero en software con 20 años de experiencia y que ha trabajado como consultor para bancos y empresas de finanzas y tecnología. “(Los usuarios de Chivo) tienen una unidad monetaria del Gobierno de El Salvador”, según Salguero. “Para mí la clave es que no hay información pública que demuestre cómo está respaldada esa unidad monetaria”, dice Salguero.

“Si no son dólares, no queda otra que sea una moneda estable”, dice Salguero y menciona dos posibilidades. Podría tratarse de una moneda estable respaldada por una compañía proveedora de Chivo, con sus propios respaldos, o podría ser una moneda estable creada por el Gobierno salvadoreño”, dice. Crear una moneda propia, un tipo de colón digital, era uno de los planes originales del Gobierno antes de la introducción de la Ley Bitcoin.

“Si inventaron su propia moneda estable, supuestamente respaldada por un dólar que tiene el Gobierno, ¿dónde está la cuenta, la partida de eso? ¿Qué respaldo tienen los fondos?”, cuestiona Salguero.  

Carlos Palomo es un experto informático y presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), que ha dado seguimiento a la implementación de la Ley Bitcoin con denuncias y peticiones de acceso a información. Palomo piensa que los usuarios de Chivo deberían conocer cuál es la moneda estable que utiliza la aplicación. “No sabemos si están utilizando Tether o si es el famoso colón digital. También es importante que se transparenten los mecanismos bajo los que se emiten para que no tengamos una máquina de impresión de dinero instalada en una empresa privada”, dice Palomo.

En este punto, Palomo y Salguero coinciden en señalar que Chivo funciona como un banco, pero no está sujeta a las regulaciones que los bancos salvadoreños cumplen. 

Los bancos respaldan el balance de sus clientes con los depósitos del público, pero también con diferentes títulos o valores. En El Salvador, el Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) garantiza los ahorros de los depositantes para las instituciones miembros, principalmente bancos. Eso significa que, si un banco quiebra, el IGD respondería a los usuarios hasta por 10,832 dólares. Chivo S.A. de C.V., la empresa privada financiada con fondos públicos que el Gobierno creó, no aparece listado entre los miembros del IGD.

“En el caso de los bancos hay una serie de regulaciones que buscan disminuir el riesgo de que no haya suficiente dinero líquido para que la gente pueda retirar y han sido efectivas en el caso de El Salvador”, dice Palomo. “Una diferencia sustancial en cuanto a riesgos es que, por ejemplo, con la billetera Chivo no hay quién te responda por problemas con la cuenta, y en el banco está el Instituto de Garantía de Depósitos”, señala.

A juicio de Palomo, Chivo cumple con las características de una entidad que debería estar regulada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). “Chivo capta fondos del público y debería cumplir los requisitos que tienen los bancos para constituirse y para operar: tener determinado capital, estar sujetos a fiscalización de la SSF, cumplir con la reserva de liquidez que establece el Banco Central de Reserva. Pero no lo hace. Ni siquiera está inscrita en la Superintendencia”, dice Palomo.

Salguero añade otras preguntas respecto al funcionamiento y respaldo de los fondos de los clientes de Chivo: “¿De verdad hay un dólar por cada dólar en balance en Chivo Wallet? ¿Cómo? ¿Son instrumentos financieros del Gobierno? ¿Son holdings de Chivo S.A. de C.V.? Esto no es información pública. No hay estados financieros de Chivo S.A. de C.V. como hay de los bancos”, dice. “Ese es el meollo del asunto. ¿Se inventaron el dinero? ¿Es dinero creado del aire que no tiene respaldo?”

El acuerdo maestro de Athena con Hacienda

La declaración sobre el uso de tokens en la Chivo Wallet es parte de un sumario sobre la expansión de operaciones en El Salvador de Athena. El sumario dice que el Gobierno gastó “hasta 75 millones de dólares para proveer el valor de 30 dólares en bitcoin a cada billetera Chivo, lo que sería suficiente para subsidiar a 2.5 millones de habitantes de un total de 6.5 millones”. 

El prospecto revela información sobre el funcionamiento interno de la billetera pero también revela fechas y algunos montos sobre los contratos de Athena con el Gobierno de El Salvador. También incluye un análisis de la compañía sobre los factores de riesgo en el país que señala la incertidumbre política y económica, algo que por ley deben hacer en un documento de este tipo, pero que contrasta con los elogios al Gobierno que Athena hacía en noviembre de 2021.

Athena asegura que empezó a trabajar con el Gobierno del presidente Nayib Bukele a finales de junio de 2021. En agosto, concretaron un “acuerdo maestro de servicios” con el Ministerio de Hacienda. Ese acuerdo no es parte de la versión pública de los documentos entregados a la SEC.

Según Athena, el acuerdo implicaba desarrollar y mantener el “Ecosistema Chivo”; es decir, proveer el software con que opera la billetera, tanto la aplicación que funciona en los teléfonos celulares como la que está ubicada en los servidores. La aplicación tiene tres funciones básicas: almacenar y mostrar balances en dólares y bitcoin; envío y recepción de dólares y bitcoin entre usuarios de la Chivo; y envío y recepción de bitcoin a través de transacciones on-chain y de la red Lightning. 

Athena dijo que entregó los programas el 7 de septiembre de 2021, “con mejoras subsiguientes entregadas durante el trimestre”. La Chivo efectivamente se lanzó ese día, pero con significativas fallas y luego con un relanzamiento programado según el modelo de teléfonos en la que el presidente Bukele proveyó apoyo técnico a los usuarios en su cuenta de Twitter.

El acuerdo maestro también permitió la instalación y puesta en marcha de 200 cajeros automáticos de bitcoin en el país, diez más en consulados salvadoreños en Estados Unidos, 45 cajeros adicionales en otras ubicaciones en Estados Unidos, y la importación de 950 puntos de venta (POS) de Chivo para que fueran usados en negocios salvadoreños. Según la empresa, todos los productos estaban operando para el 31 de diciembre. 

Según Athena, el Gobierno salvadoreño descontinuó el uso de la plataforma el 15 de diciembre, pero no dio por finalizado el contrato ya que Athena provee asistencia al nuevo proveedor gubernamental. Athena ha asegurado ante una corte estadounidense que un sabotaje interno fue la causa de la pérdida de su contrato con el Gobierno. De acuerdo con Athena, la Administración Bukele ha indicado que puede volver a utilizar los servicios de la empresa. Asimismo, la compañía mantiene la obligación de dar mantenimiento del software y operaciones de los cajeros de bitcoin, además del mantenimiento físico de los cajeros, la logística de efectivo y servicio al cliente. La empresa dice no tener ninguna obligación remanente respecto de los POS Chivo. 

El uso y la operación del software están a cargo de Chivo S.A. de C.V. Athena dice que el Gobierno salvadoreño es dueño del programa y que este le concedió una licencia perpetua, libre de regalías, para poder vender el programa en otras partes. Athena vende el paquete bajo el nombre de “Athena Ruru” aunque dice que no ha tenido ningún cliente nuevo hasta febrero.

¿Cuánto costó la Chivo? Aunque el contrato no es público, la cifra de tres millones de dólares se repite en la valuación. Uno, porque eso es lo que Athena está reclamando en Estados Unidos a uno de sus exejecutivos, por la pérdida de la relación comercial con El Salvador. Pero además porque, según el prospecto, eso es lo que Athena pagó a Vakano Industries, una empresa colombiana que fabricó la billetera XPay, para utilizarla como precursora de Chivo Wallet.  

La información del folleto también permite cuestionar el beneficio de usar billeteras digitales para el envío de remesas, un ingreso que representa la quinta parte de la economía salvadoreña. Athena, citando información del Banco Mundial, dice que el envío de remesas tiene un costo promedio de 6.38 % de la cantidad enviada, pero que puede llegar hasta un 10 %. El método de envío de remesas por billeteras digitales no se ha masificado y compone menos de un 2 %. En febrero de 2022, El Salvador recibió 572 millones de dólares en remesas, de los que solo 9.39 millones fueron enviados a través de billeteras digitales, según datos del Banco Central de Reserva. Esto pese a que Chivo Wallet permite envío sin tarifa entre sus usuarios de Chivo.

Sanciones antilavado y descapitalización bancaria: los riesgo que Athena ve a su operación

En un prospecto, las empresas están obligadas a compartir los factores de riesgo respecto a la inversión en sus productos, tal como los fabricantes de cigarrillos deben advertir del riesgo de cáncer en las cajetillas. Un factor es la volatilidad del bitcoin: “Mantener o hacer transacciones con un activo tan inestable es particularmente riesgoso para gente con bajos ingresos, que no puede costearse variaciones de precio tan grandes como 30 % en un solo día y puede ser víctima de un colapso significativo”, dice el documento. “Si los ahorros de toda la nación se redujeran en un tercio en dos meses, sería un evento desestabilizador para todo el país y la Ley Bitcoin”, dice.

Aunque algunos entusiastas apoyan la adopción masiva de bitcoin, llamada “hiperbitcoinización”, Athena dice que si las personas empiezan a trasladar sus cuentas tradicionales a billeteras digitales esto podría “drenar los bancos de ahorros y elevar el costo de préstamos para empresas e individuos, que pagarían intereses mayores”. El mismo efecto drenaje podría ocurrir, dice Athena, a través de una fuga de capitales al exterior. “Muchos mercados emergentes controlan el flujo interno y externo de capitales para evitar una crisis macroeconómica o prevenir que se agrave. Sin embargo, si los dólares están convertidos a bitcoin, pueden enviarse fácilmente a cualquiera en el mundo, sin control o rastreo”.

Athena reconoce que la Ley Bitcoin “ha sido recibida con escepticismo por los salvadoreños y las instituciones financieras internacionales”. La compañía también hace un repaso sobre la complicada situación económica del Estado: el pago de 800 millones de un préstamo en enero de 2023, el déficit fiscal (la diferencia anual entre gastos e ingresos), el agotamiento de las opciones de conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la degradación de los bonos tradicionales. Además, Athena reconoce una de las principales objeciones de los economistas y analistas que reniegan de la Ley Bitcoin: la posibilidad de facilitar el lavado de dinero.

Athena dice que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al que se refieren como “el perro guardián internacional antilavado y financiación de terrorismo” podría incrementar su monitoreo de los bancos, negocios e instituciones financieras salvadoreñas. El GAFI tiene una lista gris para aumento de monitoreo y una lista negra, que implica sanciones. Aunque El Salvador ha estado en total cumplimiento de las reglas GAFI, Athena dice que “es improbable” que las transacciones en bitcoin cumplan con los requisitos del GAFI respecto a la información que proveen los clientes. Conocido en la banca como KYC, del inglés “know your customer”, se trata de datos sobre la transacción, el origen de los fondos y la naturaleza de la relación con la contraparte.

Finalmente, Athena observa un “descontento político en El Salvador con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema y el potencial para que el presidente busque un segundo mandato de forma consecutiva”. El análisis legal de Athena es contrario al que muchos funcionarios y simpatizantes del Gobierno hacen: “el periodo presidencial es de cinco años. La reelección consecutiva no es permitida, aunque anteriores presidentes pueden competir de nuevo, si el término no es consecutivo”. Athena lee que la “Corte Suprema y la autoridad electoral han removido lo que parecía ser un veto constitucional a la reelección, preparando el escenario para que Nayib Bukele busque un segundo periodo en 2024”.