Nayib Bukele, presidente y actual candidato a una segunda reelección, que nació bajo la inconstitucionalidad, abandonó su lucha contra la corrupción para no afectar a sus funcionarios, muchos de ellos sancionados por los Estados Unidos.
El combate a la corrupción es el mayor desacierto de la administración del gobernante salvadoreño, quien abandero este problema en el 2019, pero la persecución de los ilícitos se ha centrado en sus opositores, mientras asolapa a los suyos.
Los analistas políticos coinciden que el país ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la corrupción, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, haciendo retroceder a esta nación en loque respecta a la transparencia.
Sin embargo, el obstáculo más grande es la resistencia institucional ante los señalamientos de corruptibilidad que salpica a dependencias del Ejecutivo, sistema judicial, Asamblea Legislativa, entre otras carteras de estado controladas por Bukele.
Además, reiteran que para combatir la corrupción debe existir independencia judicial, institucionalidad y estado de derecho, pero esta se fue desvaneciendo por la gestión autoritaria y dictatorial del actual mandatario.
Capres, la casa de la corrupción
La nueva guerra contra la corrupción anunciada por el presidente y candidato a una segunda reelección amparada bajo la inconstitucionalidad y avalada por el Tribunal Supremo Electoral, es solo “humo”, según los críticos.
De ser así, señalan, los primeros en ir a la cárcel exclusiva para los corruptos son los funcionarios que rodean Bukele incluidos en la Lista Engel y sancionados por actos ilícitos y atentar contra la democracia.
En la primera lista Engel entregada por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos en julio de 2021, incluyó a reconocidos funcionarios de Bukele: Carolina Recinos, jefa del gabinete de Bukele, Osiris Luna, director de Centros Penales; Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia y Rolando Castro, ministro de Trabajo. Pablo Anliker, exministro de Agricultura y Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad. También fueron sancionados por actos de corrupción.
La segunda lista Engel llegó en julio de 2022 y agregó a más funcionarios del círculo de confianza de Bukele, entre ellos: Ernesto Sanabria, Secretario de Prensa de Comunicaciones de Casa Presidencial, Alejandro Zelaya, ex ministro de Hacienda, Javier Argueta, asesor legal de la presidencia, y Christian Guevara, jefe de la fracción de Nuevas Ideas.
A manos llenas
Estos y otros funcionarios, incluyendo amigos de la familia Bukele, fueron investigados por la Fiscalía y la Corte de Cuentas por irregularidades cometidas durante la pandemia, pero la investigación no prospero porque el presidente Bukele ordenó la destitución de Raúl Melara y enterró la promesa de campaña con el aborto de la CICIES.
Por ejemplo, Osiris Luna en compañía de su madre, Yanira Meza Olivares, vendieron 42,000 sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia, valorados en $1,609,087.50 millones.
Pablo Anliker, ex titular del MAG fue otro de los que estaba en investigación, señalado por compras irregulares durante la pandemia y que negoció con empresas acusadas de corrupción, mientras que Carolina Recinos es señalada de conformar una red de lavado de dinero.
Otro de los que se ha beneficiado de las arcas estatales es Christian Guevara a quien el MOP le otrogó $1,092,644 dólares en contratos de emergencia por la covid-19 en concepto de suministros de equipos de aire acondicionado e instalaciones eléctricas a hospitales y oficinas de Gobierno. Se trata de Aire Frío de El Salvador S.A. de C.V. https://elfaro.net/es/202010/el_salvador/24920/Empresa-de-candidato-de-Nuevas-Ideas-gan%C3%B3-un-mill%C3%B3n-de-d%C3%B3lares-en-contratos-de-la-emergencia.htm
El ministro de Salud, Francisco Alabí, no se quedó atrás y también hizo negocios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Según una publicación de la Revista Gato Encerrado de junio de 2020, el funcionario de Salud, compró de botas para personal médico a una empresa familiar que vende repuestos de automóviles, por 225,000 dólares.https://gatoencerrado.news/2020/07/11/ministro-alabi-compro-225-mil-en-botas-para-medicos-a-empresa-de-su-familia1/
Además, los $170 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la construcción del nuevo Hospital Rosales y Nejapa se esfumaron, dejando a la población.
Para proteger a sus socios, el gobierno no solo cerro la investigación que lo salpicaba, sino que puso reserva a la misma, pero el saqueo estatal continua imparable, incluso ha tomado “sin retorno”, más de $1,000.00 millones de los trabajadores, aumentando el riesgo de dejarlos sin esa protección para su retiro.
El régimen de excepción ha sido otra herramienta de corrupción al avalar los gastos sin los filtros de fiscalización, propiciando que los recursos de los contribuyentes sean utilizados para fines propagandísticos.
La lista de casos de corrupción en innumerable y los fondos del estado están en rojo ante la mala administración de Bukele y busca desesperadamente más recursos para sostenerse.
El último reporte de noviembre pasado, el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda detallaba que la deuda pública total asciende a $19,612.42 millones hasta septiembre de 2023, de la cual $18,423.6 millones es deuda del Sector Público No Financiero.
Sin importarles esta cifra, los diputados de Nuevas Ideas, se recetaron un presupuesto mayor, a pesar de haber reducido la planilla. Los salvadoreños opinan que NI critico a la legislación pasada por los “jugosos salarios y que ellos, salieron peor que los mismos de siempre”.
