De “desatinadas y de desafortunadas”, fueron calificadas las declaraciones de Mauricio Arriaza Chicas por darles atribuciones que solo corresponden a jueces.
Tras anunciar por onceava vez la prórroga del régimen de excepción y el director del cuerpo policial, comparó a los agentes de la corporación los profesionales del derecho jurídico.
Asimismo, aseguró que el policía “tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”, palabras que desataron una avalancha de críticas ante el desconocimiento de las funciones de un juez.
Reconocidos abogados entre ellos, Marcela Galeas, escribió en su cuenta de twitter que “el policía es una gente de seguridad civil cuya función es mantener el orden público. No es un juez, no tiene la formación de un juez”.
La especialista en derechos humanos, Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), opinó que las declaraciones del director de la PNC reflejan el deterioro de la institucionalidad actual.
“Esta declaración pone de manifiesto que no existe una comprensión del alcance de su mandato, ya que bajo ningún concepto se asemeja o es una función judicial, que en palabras sencillas es la potestad que tienen los jueces y juezas, con base a sus competencias, de administrar justicia”, manifestó.
Además, fue categórica al afirmar que un policía solo es un “aplicador de la ley o garante de la seguridad”, tal como reza en la Constitución de la República, y debe hacerlo con apego estricto a los derechos humanos.
Esta postura también la sostiene el representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, quien dijo a la Prensa Gráfica que “las declaraciones brindadas por el director de la PNC son desafortunadas y desatinadas.
Para Reyes, con esta postura el funcionario se está adelantando a cualquier abuso de poder de parte del cuerpo policial y no ser señalados de extralimitarse en sus funciones a la hora de efectuar capturas bajo el régimen de excepción.
PNC viola la constitución
En el artículo 159 inc. 2 de la Constitución de El Salvador se establece “La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la fuerza armada y ajeno a toda actividad partidista”.
Sin embargo, Arriaza Chicas ha olvidado que la institución que dirige es fruto de Acuerdos de Paz de 1992 y que vino a sustituir a cuerpos represivos, entre ellos la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, incriminadas en graves violaciones a derechos humanos.
Dichas instituciones fueron los responsables, de capturas, desapariciones y asesinatos durante años, pero hoy se le dan “poderes” para actuar como jueces violentando el artículo 159 inc. 2 de la Constitución de El Salvador se establece “La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la fuerza armada y ajeno a toda actividad partidista”.
Abraham Abrego, abogado, agregó que “la policía es un operador y colaborador del sistema de justicia, No puede detener a personas a su antojo, sino en base a órdenes de la fiscalía o de los jueces. El único que está habilitado para detener a alguien sin orden es en flagrancia, aún con régimen de excepción”.
Con estas declaraciones, el director de la corporación policial pisotea la Constitución porque en lugar de ser un juzgador, se le ordena “colaborar en el procedimiento de investigación de delito y apegado a la ley.
Arriaza chicas al servicio del Bukelismo
Las organizaciones de la sociedad civil no dudan en que esta institución es controlada por Bukele, al igual que la Asamblea, La Corte Suprema de Justicia, Fuerza Armada, entre muchas instituciones que perdieron su autonomía.
Algunos usuarios de twitter recomendaron destituir a Arriaza Chicas por tal aberración, incluso solicitaron su renuncia tanto por sus antecedentes y por pasar sobre la Constitución.
@DagobertoGuido2 escribió: “Si los policías son jueces de la calle, el señor director debe considerarse magistrado de la sala de lo penal”, mientras que @Conocimiente … “en los 60´ y 70’, Guardia Nacional y Policía de Hacienda eran jueces de la calle, ellos decidían a quien capturar”.
Por su parte, el periodista Sergio Arauz, citó en Twitter que “ los jueces de la calle plasmaron información falsa sobre el albañil y la misma policía reconoció que fue detenido arbitrariamente, Lo más grave, esta persona sigue en prisión”.
Otro usuario de la red social escribió:” El Asesino de Chalchuapa, la decena de policías capturados el año pasado por extorsionar, robar y asesinar también eran “Jueces de la Calle”.
Los comentarios de rechazos a la frase “jueces de la calle” acaparó la atención de los salvadoreños y cuestionaron algunos casos donde están involucrados agentes policiales de numerosos delitos. Uno de ellos el de la agente Carla Ayala, asesinada por uno de sus compañeros y que fue dejado en libertad.
