Los salvadoreños, sobre todo los hombres, tienen temor de ser capturaros y morir en los centros penales. Familiares de algunos de los fallecidos exigen al gobierno dar información de los detenidos.
Desde hace un año, miles de salvadoreños sin vínculos con las pandillas han sido detenidos por el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, sumando a la fecha más de 61,000 personas recluidas en las cárceles.
Según el mismo gobierno, un 5% de los capturados han sido puestos en libertad después de permanecer varios meses en las prisiones, donde otros no tuvieron la oportunidad de ver la luz del sol nuevamente porque murieron por complicaciones médicas o asesinados dentro de los penales.
La última información sobre el fallecimiento de reclusos bajo la custodia del Estado es la de cuatro salvadoreños que fueron enterrados en fosas comunes y nunca notificaron a los familiares de sus decesos, según un artículo periodístico de medio internacional Infobae América y citando como fuente a la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
En un tuit la SJH, escribió que “iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero, todos sin haber sido vencidos en juicio”.
Una de las víctimas del régimen de Bukele fue Henry Eleazar Joya Jovel de 45 años, capturado el 21 de abril en la colonia Luz bajo el delito de agrupaciones ilícitas, sin pruebas que lo confirmaran.
Joya Jovel, falleció el 8 de mayo de 2022 y fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja de San Salvador, pero con el nombre de Enri Cuéllar Jovel.
Ninguno de sus familiares se enteró de su muerte, sino hasta el 19 de septiembre, cuando su hermano, ante la negación de las autoridades de dar información, decidió ir a Medicina Legal para ver si aparecía en la lista de personas enterradas y aunque no había registro bajo ese nombre, pidió que le mostraran las fotografías de los cadáveres sepultados y en ese momento, tristemente lo reconoció.
Rafael López Castellón, de 53 años, es otro de los fallecidos bajo el régimen de excepción. Él murió 1 de junio de 2022, pero su familia se enteró dos meses después cuando un familiar fue a solicitar la solvencia de antecedentes penales.
Su captura se realizó 8 de abril de 2022 y acusado de agrupaciones ilícitas, según relató la familia a La Prensa Gráfica, él era molinero y padecía de convulsiones.
Permaneció en el penal de Mariona hasta el 17 de mayo de 2022 cuando fue ingresado en el hospital Zacamil donde murió y luego enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja. Tampoco se le avisó a la familia.
Esta dura experiencia también la vivió familiares de Rosa Avilés, de 76 años, quien murió el 29 de noviembre de 2022. Su familia supo del fallecimiento hasta tres meses después, cuando llevaban el paquete al penal de Apanteos.
Avilés había sido capturada el 30 de abril de 2022 y aunque sus familiares le hacían llegar los paquetes que Centro Penales solicitaba, nunca le informaron que estaba enferma. Finalmente, el día que les correspondía llevar el paquete, les informaron que había sido sepultada en una fosa común
El último caso es el de Marvin Antonio Benítez, de 23 años, quien murió el 1 de junio de 2022 y fue enterrado en una fosa común también en el cementerio La Bermeja, pero su familia no supo de su muerte hasta seis meses después de su captura, 1 de abril de 2022. Él estaba recluido en la cárcel de Mariona y sus restos fueron exhumados el 23 de febrero de 2023.
Estado debe responder
Para la abogada de esta organización, Ingrid Escobar, el Estado está obligado a reparar el daño causado a las familias y llevar ante la justicia a los que, teniendo la responsabilidad de informar a los allegados, no lo hicieron.
Escobar señaló que el Estado debe reconocer su error e investigar la cadena de responsabilidades para determinar si hubo negligencia estatal en la atención de las enfermedades crónicas de los reos o si fueron sometidos a tortura por parte de otros internos
La profesional enfatizó además de reparar los daños, debe haber una disculpa pública e indemnización por daños y perjuicios, porque a estas personas y muchas otras, aparte de ser acusadas de terroristas, “no se les respetó la presunción de inocencia, sino que, además, no se le permitió el derecho a defensa”.
Además, las representantes de la organización Socorro Jurídico Humanitario, manifestaron que es obligación del Estado pagar las deudas en las que incurrieron las familias para lograr la exhumación y los gastos fúnebres, así como asistencia psicológica y médica al círculo familiar más cercano de las víctimas.
La imposición del régimen de excepción de Bukele es criticado por organizaciones de la sociedad civil y por la comunidad internacional, las cuales denuncias de violaciones a derechos humanos desde el 27 de marzo de 2022 a enero de 2023, haciendo un total de 102 personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado y en condiciones no esclarecidas.
Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos internacionales que ha mantenido la crítica sobre lo que considera una violación de derechos humanos por el régimen de excepción, sostiene que la mayoría de los familiares de las personas que han muerto bajo responsabilidad del Estado no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades.
El 27 de febrero de este año, Centros Penales consigno un registro, divulgado por HRW, que 32 reos capturados bajo el régimen fallecieron durante los primeros cinco meses de la medida, primer dato oficial en el que el Estado reconoce los fallecimientos.
Amnistía Internacional, también ha dado seguimiento al régimen en El Salvador registrando casos de vulneraciones como detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes bajo custodia del Estado y violaciones al debido proceso.
