El Salvador ha retrocedo siete puestos, en un grupo de 140 países que conforman el ranking de cumplimiento de siete indicadores de Estado de Derecho, según la evaluación de World Justice Proyect (WJP) y lo ubica en la posición 95 solo por encima de Paraguay, Guatemala, México, Honduras, Bolivia

De los ocho indicadores analizados por esta ONG, este país solo obtuvo una nota positiva en lo relacionado a orden y seguridad, con una nota de 0.68; la cual lo ubica en el puesto 92 del ranking global de este indicador.

Las tendencias específicas para esta nación centroamericana incluyen un deterioro en las dimensiones que miden los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, y la justicia civil.

Sobre la adhesión al estado de derechos éste se sitúa en el nivel 102 de 140 países y a nivel de Latinoamérica y el Caribe ocupa la casilla 25, de 32 países, lo que significa un retroceso anual en la clasificación global.

El ranking de cumplimiento de Estado de Derecho de la organización se basa en la aprobación de ocho indicadores, entre estos, el contrapeso al poder del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de normas, justicia civil y justicia criminal.

Sin embargo, en el caso de El Salvador, el factor que refleja mayor retroceso es en justicia penal, donde se ubica en la posición 131 de 140, con una puntuación de 0.27, la más baja de los últimos años que osciló entre 0.29 y 0.34.

Por otra parte, el indicador sobre la ausencia de corrupción, este país ocupa la posición 110 de 140 países, mientras que en el tema de los derechos fundamentales el puesto asignado fue de 95 de 140.En orden y seguridad se ubica en la posición 92 y en el cumplimiento normativo en la posición número 72.

La posición más baja la tiene en el sistema de investigación criminal efectivo en la posición 139 de 140, seguido de un sistema penal imparcial en la posición 130 de 140.

Otro factor en el que el país salió reprobado es el de gobierno abierto donde se evalúa la forma en que un gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas y fomente la participación ciudadana. El Salvador queda en el 69 de 139 países.

El informe concluye que el estado de derecho a nivel mundial cayó en el 61% de los países este año. Por otra parte, el factor que mide los controles y equilibrios clave que contrarrestan el autoritarismo cayó en el 58%.

WJP también percibe un aumento del autoritarismo. “El respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales se ha reducido en tres cuartas partes de los países desde 2015”.

Además, observa restricciones de los poderes gubernamentales, incluida la supervisión por parte del poder judicial, la legislatura y los medios de comunicación, las cuales se han reducido en dos tercios de los países estudiados.

Para WJP “un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de Derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra las personas por delitos”, cita el documento.

La calificación dada al país es una clara evidencia de la crisis de Estado de Derecho que se vive, debido al abuso de poder e instrumentalizaciones de las instituciones que han perdido su independencia.

Anabel Belloso, parlamentaria del FMLN opina que el país ha caído en una permanente violación a los derechos. Hay espionaje, persecución política, capturas arbitrarias, entre otros atropellos que sufre la población.

Igual opinión tiene Claudia Ortiz, de Vamos grupo parlamentario Vamos quien considera que la situación del Estado de Derecho “nunca fue buena, y ahora no es mejor que antes”.

Analistas políticos y organizaciones de derechos humanos afirman que el poder Ejecutivo y el Legislativo usan cargos públicos para obtener beneficios, no hay sanciones para los funcionarios con mala conducta, no hay transparencia, la justicia está a la sombre dl gobierno.

Sobre El Proyecto de Justicia Mundial (WJP): Es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para crear conocimiento, generar conciencia y estimular la acción para promover el estado de derecho en todo el mundo. El estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y la enfermedad, y protege a las personas de las injusticias grandes y pequeñas. Sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales, y es la base para comunidades de justicia, oportunidad y paz. 

El índice mundial publicado por World Justice Project se basa en encuestas nacionales de más de 138 mil hogares y 4 mil 200 profesionales y expertos legales para medir cómo se experimenta y percibe el Estado de Derecho en todo el mundo.