Perseguir a los corruptos no incluye a los ministros, diputados y aliados del presidente, los cuales han sido incluidos en la Lista Engel y hasta sancionados por los EE.UU
Desde hace cuatro años, la retórica de Bukele de encarcelar a los corruptos han sido vanas palabras, ya que los primero cinco funcionarios cercanos a él fueron incluidos en la Lista Engel y nunca fueron investigados.
Con el anuncio de otra cárcel exclusiva para quienes haya cometidos actos ilícitos, la sociedad civil lo califica como un acto de proselitismo de cara a las elecciones presidenciales y municipales del 20024, donde él se ha postulado de manera inconstitucional.
De ser cierto que perseguirá la corrupción, los primeros serian sus propios funcionarios que encabezan en la Lista Engel: Carolina Recinos, jefa del gabinete; Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia; Pablo Anliker, ex viceministro de Agricultura; Rolando Castro, ministro de Trabajo; y Osiris Luna, director general de Centros Penales y también al ex ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas.
Asimismo, deberá incluir a Walter Araujo, ex funcionario de la época de ARENA y actual activista del oficialismo, quien se dedica a descalificar, difamar y atacar en redes sociales a críticos del gobierno.
José Luis Merino, dirigente del FMLN vinculado a las empresas ALBA y señalado de apoyar a Bukele junto al empresario Enrique Rais, potencial financista de Nuevas Ideas, el partido del presidente, deberían ser investigados y encarcelados.
A esta cacería también se agregarían a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Óscar Alberto López Jérez, Elsy Dueñas Lovos, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, considerados actores corruptos y antidemocráticos por los Estados Unidos e incluidos en la lista de actores corruptos del Triángulo Norte.
Por si fuera poco, el Departamento de Estado de Estados Unidos agregó otros funcionarios, entre ellos Carlos Marroquín, acusado de conducir al líder de la MS, alias el “Crok”, Ernesto Sanabria y Javier Argueta, personajes que desde ya están en la lista de nuevos reclusos.
Sin embargo, esta amplia lista de corruptos, mientras Bukele se mantenga en el poder, permanecerán intocables porque los defiende hasta con “los dientes”, tanto así que deslegitimó la investigación de Estados Unidos y dijo que “gracias por la lista, pero tenemos la nuestra”, sin mencionar que esa solamente busca perseguir a la oposición, menos a sus funcionarios.
Ejecutivo cómplice de la corrupción
Para la oposición no perseguir la corrupción significa que el gobierno es cómplice porque nunca removió de sus cargos a los funcionarios señalados y afirman que delegar la “investigación” a la Fiscalía es solo una estrategia política de campaña electoral.
Para la diputada Dina Argueta, del FMLN, la cadena nacional del pasado martes es calificada “como el banderillazo de salida a la campaña” proselitista y que Bukele mantendría el control.
“En la misma cadena se hace de todo esto un show más hablando de temas de corrupción, que este gobierno en sus cuatro años, ya casi cinco, ha sido fuertemente señalado casi medio gabinete” y cuestiono: ¿Por qué meses antes de las elecciones viene a llamar al fiscal y decirle mire aquí están estos que han cometido delitos, pero por qué no lo ha hecho antes?”.
Claudia Ortiz, de Vamos, opinó que hay varios señalamientos de corrupción hacia funcionarios públicos y lo que se necesitan “son medidas anticorrupción” entre ellas la derogatoria de la Ley Bitcoin y la “Ley Alabí” , esta última habilitó la impunidad a las compras públicas durante la pandemia del covid-19.
“Este gobierno lo que ha hecho, en la práctica, ha sido que creó una CICIES para luego cerrarla, no se investigaron todos los casos de la pandemia donde muchos funcionarios públicos han sido señalados”, expresó Ortiz.
Antonio Salazar, politólogo, escribió en su cuenta X que esa “guerra contra la corrupción” es cuento viejo. Bukele siempre saca ese tema cuando se acercan elecciones. Así fue con la CICIES, la anunció con bombo y platillo, pero la mandó a cerrar cuando empezaron a destapar la corrupción de su gobierno”, citó.
Otras opiniones de la sociedad civil agregaron que si realmente busca combatir la corrupción que aclare que funcionarios de su gobierno liberaron a “Crook” y que a manera de ejemplo deje caer todo el peso de la ley, no ocupar la corrupción como bandera proselitista.
Finalmente, el abogado constitucionalista, Enrique Anaya señalo de “cinismo descarado: dice que el FGR investigara la corrupción de sus funcionarios cuando guarda silencio y ocultan s/ investigaciones del esquema de gran corrupción en el bukelato”.
