Transparencia Internacional (TI) reveló que el país se mantiene estancado en el combate a la corrupción, igualando la tabla de posición que Filipinas, Angola y Zambia.
El informe deja claro que la corrupción sigue siendo un problema predominante y sin ningún tipo de mejora desde la última década, según la interpretación de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.
De acuerdo con Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI) la corrupción en la región latinoamericana es “un franco retroceso” y “vemos con un aumento del autoritarismo”.
La funcionaria dijo a la agencia internacional AP, “que hay un aumento de los gobiernos populistas “que llegan por elecciones y desde adentro atacan la democracia atacando el poder judicial, los organismos de control, medios de comunicación, ciudadanía organizada y la oposición”.
Para Jessica Estrada, directora del área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), el país ha obtenido el peor puntaje de la historia (33) si lo comparamos con los últimos diez años.
Dicho informe expone como el gobierno de El Salvador mantiene un estancamiento en el tema del combate a la corrupción que ubican al país en el puesto 116 del ranking, es decir reprobados.
Esto según el análisis de Funde evidencia la pobre labor de las instituciones de control, marcos jurídicos dispersos para la compra públicas y limitados espacios para la contraloría ciudadana de la gestión gubernamental.
Asimismo, sostiene que los índices de corrupción serán mayores con la reciente Ley de Compras Públicas porque abre la puerta a contrataciones “a dedo”, donde las empresas allegadas al gobierno serán las beneficiadas.
TI también advierte que los altos niveles de corrupción en América Latina y la ausencia de medidas para combatirla favorecen a las redes criminales y agudizan la violencia en la región con fuertes tasa de homicidio.
Transparencia Internacional no es único organismo en señalar la corrupción en El Salvador. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), también se ha pronunciado.
En septiembre de 2022, dijo que la corrupción y el régimen de excepción asfixian la democracia, ya que el derecho al acceso a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, pero el Ejecutivo a través de su Asamblea le ha puesto un candado.
En el mismo pronunciamiento WOLA apunta que las prórrogas al régimen de excepción le han permitido al Estado administrar los fondos públicos sin respetar la LACAP, la cual fue sustituida la Ley Compras Públicas, cerrando por completo la fiscalización de los gastos del gobierno.
La abogada Ruth Eleonora López afirma que el país sigue cayendo en el índice ce percepción de la corrupción. “De 2021 a 2022 bajo 1 posición. De 2020 ha bajado 12 (De104 a 116)”, escribió en su cuenta de Twitter.
A la par de los países más corruptos
El Salvador comparte la misma posición de corrupción con los países de Angola, Zambia y Filipinas, donde la corrupción es generalizada en los gobiernos con métodos como los sobornos, la malversación, acuerdos a puerta cerrada, nepotismo, entre otras prácticas ilícitas.
Angola es otra nación con altos índices de corrupción. El blanqueo de capitales, el tráfico de influencia, el fraude y el desvío de fondos públicos la encasillaron en el puesto 116.
Son características muy similares a las de ese país centroamericano, que está endeudado, con persecución política, amenazas a periodistas y donde los derechos humanos han sido suprimidos por un régimen de excepción que está por cumplir un año. Se suma el nepotismo y las negociaciones con estructuras criminales.
La corrupción no ha sido ignorada por el Departamento de Estados de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, quienes agregaron a la lista de corruptos a altos funcionarios del gabinete de gobierno de Bukele.
Martha Carolina Recinos de Bernal, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, fue designada por Estados Unidos como la líder de un multimillonario esquema de corrupción operado durante la actual administración presidencial. Recinos es señalada de tener el 50 % o más de participación directa o indirecta en estos actos de corrupción.
Ella junto a otros funcionarios han sido acusados de socavar la democracia, abuso de poder para beneficio propio y violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero, entre otros delitos que profundizan la corrupción en El Salvador.
Todo ello ha contribuido en las puntuaciones asignadas por el índice, que se ha convertido en uno de los principales indicadores de corrupción del sector público que desvanecen la transparencia y la rendición de cuentas.
