El Ministerio de Salud no ha dado cumplimiento al decreto 723, el cual establece una indemnización de $30, 000 dólares.
A casi tres años de la emergencia sanitaria por Covid-19, Nayib Bukele no ha dado cumplimiento a la promesa hecha a los familiares del personal de salud que ofrendó su vida y a quienes en su momento llamó “héroes”.
El camino recorrido para exigir la indemnización ha sido largo y burocrático, ya que a la fecha el Ministerio de Salud ha sido poco diligente, incluso han extraviado documentación solicitada.
Según la organización no gubernamental, Cristosal, entidad que representa a las víctimas, se han presentado 17 demandas contra el MINSAL por dicho incumplimiento.
Ruth López, jefa de la unidad de anticorrupción y justicia de Cristosal, dijo que es “inexcusable que a 2 años y 4 meses de aprobado el decreto 723 que ordena a MINSAL entregar compensación a familiares del sector salud que murieron al inicio de pandemia continúen abandonados”.
Asimismo agregó que, el año pasado, Salud tuvo un presupuesto de $2.3 millones para gastos superfluos, según el portal de compras del Estado (Comprasal), pero priorizado la publicidad de la institución, dejando en abandono a las familias del personal médico que falleció por la carencia de equipo de bioseguridad.
Sin embargo, el MINSAL se enfocó una licitación para la prevención del covid-19, de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la difusión de avances del Plan Nacional de Salud, ignorando las muertes del primer grupo de personal sanitario que ofrendó su vida por el país.
De acuerdo con Cristosal, el Ministerio ha reconocido que hay 48 registradas, pero señalaron que hay otros casos que por miedo o porque trabajan en el sector público y porque temen algunas represalias (no denuncian).
Para Ruth López, el gobierno actual tiene dos prioridades. La primera, controlar la información pública para evitar que se conozcan datos, procesos y con ello evitar salgan a la luz casos de corrupción y, segunda, utilizar la propaganda como herramienta de manipulación para la exaltación de la figura presidencial en busca de asegurar el control de la ciudadanía y evitar la pérdida del poder”.
Gobierno hace de “oídos sordos”
La lucha de las familias desamparadas por el estado no ha cesado desde el 2021, cuando se pronunciaron por el incumplimiento de la compensación económico. Marchas tras marchas dejan claro la falta de interés del gobierno para ser escuchadas.
En el decreto 723 se establecen varias obligaciones del gobierno con los parientes de trabajadores que enfrentaron en primera línea la pandemia, entre éstas, la entrega de $30 mil a familiares del personal médico y trabajadores de la red pública, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), fallecidos por COVID-19 entre el 14 de marzo al 23 de julio de 2020.
Por ello, decidieron hacer público el incumplimiento de éste y exigirle al mandatario el reconocimiento de sus derechos que por ley les pertenece a las familias de los 232 trabajadores del sistema de salud fallecidos.
Los afectados manifestaron sentirse abandonados, ya que atraviesan una situación económica difícil y hasta “el día de hoy” son invisibles para el gobierno que prometió honrarlos.
Usuarios de redes sociales se solidarizaron con los familiares de los médicos y criticaron al gobierno de gastar en una megacárcel y no reconocer las necesidades que viven estas personas.
“Presidente se jacta de tener la cárcel más grande de Latinoamérica y guarda silencio ante las demandas de estas personas que exigen la indemnización que por ley les pertenece”, concuerdan los comentarios.
