El 9 de febrero del 2020 el mandatario puso fin al Estado de Derecho al irrumpir la Asamblea Legislativa para consolidar su poder.
Hace 3 años Nayib Bukele maquilló su autoritarismo bajo una falsa democracia para imponerse ante el Congreso mediante amenazas y justificar su intención bajo la mentira exigir un préstamo para llevar seguridad a la población.
Respaldado por su popularidad, llegó al parlamento escoltado con militares y agentes de la Policía Nacional Civil para usurpar la silla del presidente del Órgano Legislativo, debilitando el Estado de Derecho y consolidando el control total del poder en el Ejecutivo.
La acción de Bukele fue condenada por la comunidad internacional y por las organizaciones de la sociedad civil de este pequeño país centroamericano que comenzó a vivir una democracia desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Sin embargo, el gobernante la eliminó de un solo plumazo e iniciando el camino a la consolidación de una dictadura que él mismo alardeó al cambiar su perfil en su cuenta oficial de Twitter.
Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dijo que la democracia incipiente que se tenía El Salvador desapareció de manera fulminante el 9 de febrero y abrir el camino al autoritarismo del presidente, opinión que también comparte Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Para él, la usurpación del parlamento afectó la cultura democrática al profundizarse el debilitamiento del Estado de Derecho, haciendo a los ciudadanos vulnerables a los abusos de poder.
Sin separación de poderes
Luego de las elecciones para diputados y alcaldes en el 2021, dándole la mayoría al oficialismo, el presidente logró tomar por completo el control del país, destruyendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal de la república, instancias que servían de contrapeso para el ejercido del Poder Ejecutivo.
Con ello, hace desaparecer la independencia de poderes y alinear a todo el aparato estatal, colocando a personas de su confianza en esas instituciones y no tener estorbos en su camino.
El entonces director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el país había sufrido un golpe al “Estado de derecho total”.
A esta declaración se sumó la de Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, quien expresó su preocupación y manifestó que una “relación fuerte” entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que se “apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
La funcionaria estadounidense también dijo que “un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, apuntó.
De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, en El Salvador ya no hay restricciones al poder del gobierno porque no hay separación de poderes entre el poder legislativo y judicial.
Tampoco hay contrapesos ni frenos que limiten y supervisión gubernamental, mediante las auditorias, ni sanciones. Esto ha contribuido a los abusos de los derechos humanos, persecución política a las voces críticas y a una corrupción estatal imparable.
Esta última, se ha fortalecido con la reciente reforma a la Ley de Compras Públicas donde los mismos funcionarios de gobierno podrán ofertar al Estado, satisfaciendo sus intereses personales tal como sucedió durante la pandemia por Covid-19.
Además, la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno dejó de existir al reservar toda la información sobre el manejo de fondos y gastos en estos cuatro años de mandato.
El gobierno cerró la participación activa de la ciudadanía en asuntos de interés público y no hay respeto a los Derechos fundamentales, sino opresión contra el pueblo que se atreve a cuestionar la manera en que gobierna.
Sin un Estado de Derecho, no hay orden y seguridad porque la ley es usada para recurrir a la venganza personal. Ejemplo de ello, el régimen de excepción, donde la justicia no es aplicada de forma igualitaria y su debido proceso.
Después del 9 de febrero, los salvadoreños quedaron despojados del Estado de Derecho. Ahora protestar en la calle es un delito, criticar al gobierno implica ser perseguido político y encarcelado.
Por ello los movimientos sociales llaman a la ciudadanía a promover el ejercicio de los derechos, “activando instituciones pese a que están cooptadas. Exigir y promover derechos es una acción que refleja que la sociedad busca ejercer
