Nayib Bukele gobierna a una nación empobrecida y abusivamente usa los fondos públicos para continuar con su “capricho” de invertir en bitcoins, una moneda digital que está apunto de hacerlo tocar fondo.
Así lo ven los analistas financieros y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, quienes consideran que es un proyecto que traerá más riesgos que beneficios al país.
Sin embargo, el gobernante reta las opiniones de expertos nacionales e internacionales y planea no solo comprar un bitcoin por día, sino que con la ayuda de sus aliados en la Asamblea Legislativa, creará la “Agencia Administradora de Fondos Bitcoin”, la cual también exonerará de impuestos a los desarrolladores de cualquier tipo de criptoactivo.
La propuesta presentada por el Ministerio de Economía como “Ley de Emisión de Activos Digitales”, ya fue enviada al Ejecutivo para su aprobación y aunque no careció de mayor análisis, su sanción es evidente pues son los “deseos del presidente”.
Según el experto en desarrollo de Sistemas Embedidos, Mario Gómez. La intención de la Agencia Administradores de Fondos Bitcoin, “es ofrecer a las compañías un paraíso para operar, ofreciéndoles un marco legal e incentivos fiscales que no encontrarán en otros países.
Además, la falta de transparencia y regulaciones para evitar delitos como el lavado de dinero son beneficiosos para los desarrolladores que buscan evadir el fisco en sus países de origen.
De acuerdo con el abogado penalista experto en delitos económicos de España, Juan Gonzalo Ospina, expuso que El Salvador puede estar persiguiendo construir una economía propicia para el sector financiero, un aspecto muy peligroso que “puede encadenar en que el país se convierta en el punto caliente mundial del blanqueo de criptomonedas”.
Ospina también considera que la falta de transparencia en las transacciones bitcoin son utilizadas con frecuencia como una forma de evadir impuestos por tratarse de una divisa virtual compleja y que propicia irregularidades financieras.
Una investigación de la revista Factum realizada, reveló que en junio pasado, representantes de organizaciones de este país. Solicitaron a funcionarios del gobierno de EE.UU investigar algunas actividades relacionadas con el lavado de dinero con bitcoins.
En ese mismo reportaje se entrevistó al economista Rommel Rodríguez, economista y coordinador del área de macroeconomía de la Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE), quien dijo que las decisiones políticas que se tomaron en torno a la aprobación de la Ley Bitcoin dejan la puerta abierta al lavado de activos digitales.
A su juicio, tanto la nacionalización para los extranjeros que posean bitcoines y el amparo para que este criptoactivo no esté sujeto a impuestos, convierte a El Salvador en un paraíso fiscal para quienes usan bitcóin. https://www.revistafactum.com/un-paraiso-fiscal-para-bitcoiners/
Sobre esta exoneración de impuesto, Gómez critica que con ello les está otorgando facilidades fiscales, ya que no tendrán que pagar impuestos adicionales, ya que los fondos que manejen estos operadores o las ganancias sobre los mismos no tendrán que pagar tributos por ellos.
Otro de los beneficios fiscales es que empresas extranjeras puedan establecerse en el país solo con mantener su registro. De esta manera podrán operar libremente y con grandes ganancias para El Estado y los empresarios extranjeros.
A nivel mundial, las estadísticas sobre el lavado de dinero con criptomonedas han experimentaron un crecimiento de un 30% en el 2021 con respecto al año anterior. Se estima que las bandas criminales lavaron 8.600 millones de dólares a través de operaciones con criptoactivos.
Este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma blockchain Harmony en junio y en agosto a la firma de criptomonedas Nomad.
Otra de las plataformas de intercambio de criptomonedas sancionadas es Bittrex. Esta pagó 29.3 millones de dólares para poner fin a demandas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusa de facilitar el financiamiento ilícito.
Los reguladores estadounidenses aumentan la presión sobre los actores del mercado de las criptomonedas por considerar que es un sector sin regulaciones claras.