La foto del evento muestra a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la cabecera de una mesa en forma de herradura, vestido con una camisa polo roja. A su derecha, le escuchan atentos su ministro y viceministro de seguridad, su director de policía y una mujer, la recién electa procuradora para la defensa de los derechos humanos. En el lado izquierdo están el ministro de defensa y el fiscal general de la república. Quien revise los antecedentes de los ahí sentados encontrará señalamientos criminales y de corrupción de todo tipo.

La reunión ocurrió en el salón principal de la casa presidencial en San Salvador el 16 de octubre pasado, un día después de que la Asamblea Legislativa, controlada por diputados del presidente, juramentó a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la defensa de los derechos humanos (PDDH) para un periodo de tres años. Los legisladores bukelistas eligieron a Caballero para el cargo a pesar de que, en octubre de 2019, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) la condenó a pagar USD 3,500 por actos de nepotismo.

Buena parte de la reunión de octubre en casa presidencial la utilizó Bukele para aleccionar a la nueva procuradora, para explicarle ante cámaras de televisión la llamada guerra contra las pandillas y para decirle que abrirá las cárceles del país para que ella informe sobre la situación de los derechos humanos de los presos.

Desde marzo pasado, el gabinete de seguridad del presidente, sentado junto a la procuradora en el encuentro, ha metido en esas cárceles a unas 57,000 personas durante un régimen de excepción que se ha prorrogado siete veces y que ha limitado los derechos constitucionales de defensa, movilidad y de expresión de los salvadoreños. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que, en esas cárceles han muerto al menos 90 personas a manos de agentes del Estado salvadoreño por falta de atención médica o luego de golpizas. El viceministro de seguridad y director del sistema penitenciario de Bukele, Osiris Luna, quien también se sentó a la mesa con la nueva procuradora, ha negado esas violaciones.

No hay, en realidad, forma de saber cuál es la situación en las prisiones de El Salvador desde que inició el régimen de excepción, ya que el gobierno ha restringido, a través de reformas legales o tomando el control político de varias instituciones, el acceso a la información pública. En ese contexto de cuestionamientos internacionales, informes de una procuradora afín no le vendrían mal al gobierno Bukele.

La condena por nepotismo a Raquel Caballero de Guevara es una de las muestras menos graves de los delitos que se acumulan en la mesa de seguridad nacional que preside Nayib Bukele. El prontuario de Osiris Luna, el carcelero jefe del presidente, es más extenso.

El carcelero que pactó con las pandillas

El 18 de octubre pasado, dos días después de la reunión en el recinto presidencial, Luna apareció en el canal televisivo del oficialismo a decir que las muertes por golpizas y falta de atención médica denunciadas se debían, en realidad, a que las personas estaban ya enfermas cuando las capturaban. En Washington, tanto la cámara de representantes del congreso como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado otra cosa: que a los presos los dejan morir sin medicina o los golpean hasta matarlos. En una audiencia sobre el régimen de excepción y sus muertes, que se llevó a cabo el 25 de octubre en la sede de la OEA en la capital estadounidense, el Estado salvadoreño se negó a comparecer. Osiris Luna y, en general al gabinete de seguridad de Bukele, prefieren contestar las preguntas de los periodistas contratados por el gobierno en San Salvador.

Extractos de una presentación de la fiscalía salvadoreña sobre la investigación por malversación de fondos a Osiris Luna Meza, jefe de cárceles en el gobierno de Nayib Bukele.

Lo que Luna nunca ha querido contestar son otros señalamientos, los que pusieron su nombre en listas negras del Departamento de Estado y del Tesoro en Estados Unidos por denuncias de que él y su madre se robaron dinero público dedicado a la atención de la pandemia de Covid-19, que crearon plazas fantasmas en las cárceles para cobrar esos salarios, que desviaron insumos agrícolas para la campaña electoral del partido oficial y que él pagó con fondos públicos un viaje de placer a México en un avión privado.

De Osiris Luna dice también el gobierno de Estados Unidos que, en nombre del presidente, negoció un pacto de gobernabilidad con las pandillas MS13 y Barrio 18. Cuando ese pacto se rompió, en marzo de este año, los pandilleros mataron a 87 personas en 72 horas y el gobierno instaló el régimen de excepción que ha dejado ya casi otro centenar de cadáveres.

El fiscal que torturó y hoy no investiga

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) se ha encargado de detener las investigaciones a Luna que estaban abiertas antes de que Bukele tomara posesión del Ministerio Público. En la mesa del presidente, reunida el 16 de octubre, también se sentó, a izquierda del mandatario, Rodolfo Delgado, fiscal general impuesto por los diputados del oficialismo desde el 1 de mayo de 2021. La hoja de vida de Delgado también es amplia. En 2003 y 2007, investigaciones de la PDDH lo ubicaron como parte de un grupo de fiscales que habían hecho de la tortura de reos un mecanismo usual para extraer confesiones de reos.

Infobae reveló, también, que Delgado fue, en 2019, empleado de Alba Petróleos (AP), un consorcio de empresas alimentado por el petróleo venezolano que ha sido investigado en Estados Unidos, El Salvador y Venezuela por lavado de dinero. Nayib Bukele recibió al menos USD1.9 millones de préstamos de AP, por lo que el nombre del presidente estaba en las investigaciones al consorcio, pero, al llegar, Delgado se encargó de que todo eso quedara enterrado.

El actual fiscal general empezó a escribir su currículum a principios de siglo, cuando era fiscal de unidades especiales contra el crimen organizado. Uno de los casos que lo lanzó al ojo público ocurrió en 2004, cuando un grupo de pandilleros mató a un sindicalista salvadoreño-estadounidense llamado Gilberto Soto. Cuando el crimen ocurrió recién se había estrenado en El Salvador el gobierno del presidente Antonio Saca, un carismático locutor televisivo y empresario radial.

Mauricio Arriaza Chicas, director policial de El Salvador, al frente. Atrás, a la izquierda, Rodolfo Delgado, fiscal general. Ambos han sido señalados de cometer crímenes. R

El asesinato de Soto provocó la primera crisis diplomática que enfrentó el gobierno Saca luego de que el presidente del poderoso sindicato estadounidense de los Teamsters -del que Soto era miembro- y un influyente congresista demócrata pidieran explicaciones en público al nuevo presidente. Saca necesitaba sospechosos, y los necesitaba rápido. El fiscal Delgado fue uno de los encargados del caso. Y sí, hubo capturas, un proceso judicial y mucha publicidad. Con el tiempo, sin embargo, se descubriría que las confesiones de los pandilleros a los que se imputó el crimen fueron obtenidas a través de torturas, y que Delgado estuvo en al menos dos oportunidades en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la inteligencia estatal torturaron a uno de los supuestos responsables.

En junio de 2015, Infobae conversó en una cárcel del estado de Maryland, en Estados Unidos, con Wilson Rivera Torres, un pandillero indocumentado que fue acusado y luego testigo en el caso Soto. Durante una entrevista que duró cerca de dos horas, Rivera detalló que, luego del asesinato, agentes de la PNC lo detuvieron en Usulután, la ciudad donde Soto murió, y lo llevaron a una hacienda en las montañas aledañas. Ahí lo tuvieron al menos una noche. Lo amenazaron, lo golpearon y le introdujeron un palo de escoba en el ano. Los responsables directos, dijo, fueron los policías, pero en las sesiones de tortura también estuvieron Delgado y otro fiscal de nombre Alan Hernández, quien luego también ocupó altos cargos en la FGR. El testimonio de Rivera Torres consta en un proceso de asilo del que Infobae tiene copia.

En sus informes de la década 2000, cuando estos hechos ocurrían, la PDDH determinó que la tortura era una práctica habitual de la fiscalía en la que Rodolfo Delgado investigaba al crimen organizado.

Frente a Delgado, en la mesa presidencial reunida el 16 de octubre, se sentó Mauricio Arriaza Chicas, el director de la PNC. Sobre él también se ciernen sombras largas relacionadas con el abuso de poder y crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

Arriaza Chicas era el jefe de las unidades especializadas de la PNC en 2017. En diciembre de ese año, un hombre que estaba bajo su mando asesinó a Karla Ayala, otra agente policial, tras una fiesta en el Grupo de Reacción Policial, unidad élite de la policía que luego fue desmantelada. Investigaciones posteriores de la fiscalía determinaron que oficiales al mando de Arriaza entorpecieron las pesquisas en este caso.

La Fuerza Especial de Reacción El Salvador (FES) de la policía, al mando de Arriaza Chicas entre 2015 y 2018, fue señalada por una relatoría de Naciones Unidas de cometer decenas de ejecuciones extrajudiciales en áreas rurales salvadoreñas en el marco de una supuesta arremetida contra las pandillas.

Cuando, en junio de 2019, Nayib Bukele nombró a Arriaza como director policial, la Universidad Centroamericana (UCA) expresó su preocupación por que la PNC estuviera al mando de un oficial “vinculado con ejecuciones extrajudiciales”. La unidad de derechos humanos de la UCA es una de las instancias que más ha documentado las violaciones atribuidas a la policía salvadoreña desde la década de los 90.

Hay otros oficiales que no estaban sentados en la mesa del presidente Bukele, lugartenientes del fiscal general Delgado y el director general Arriaza Chicas, quienes en su momento fueron investigados por nexos con los clanes de narcotráfico más importantes del país, Los Perrones y el Cartel de Texis. Dos de los más importantes son los comisionados policiales Douglas Omar García Funes y Héctor Mendoza Cordero. A principios de la década pasada, ambos fueron apartados de los puestos de poder en la policía y relegados a un semirretiro. En 2019, de la mano de Arriaza Chicas, el gobierno Bukele los devolvió a puestos de mando.

La Inspectoría General de la PNC investigó a Mendoza y a García Funes en 2010 por posibles nexos con el Cartel de Texis, pero esos expedientes fueron cerrados por Carlos Linares Ascencio, un juez reconvertido de forma fugaz en inspector policial para sacar de apuros a los oficiales que ha vuelto a empoderar Bukele. En mayo de 2021, el fiscal Delgado nombró a Linares Ascensio como segundo al mando en la Fiscalía General.

Infobae ha intentado contactar a todos estos funcionarios en varias ocasiones para pedirles respuestas a los señalamientos que existen contra ellos, pero nunca han contestado.

Las huellas de los operadores políticos ligados al crimen organizado

La banda de narcotráfico más importante de El Salvador tuvo sus mejores años a principios de siglo. En el oriente del país creció una especie de consorcio de pequeños capos que se conoció como Los Perrones. El grupo se sofisticó en buena medida gracias a la infiltración en varias oficinas estatales, sobre todo la policía y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Los Perrones eran, antes de ser narcotraficantes, contrabandistas de lácteos; movían quesos, leche y otros productos por rutas terrestres y marítimas que unen el sur centroamericano con las salidas hacia Guatemala y México. Desde principios de los 90, los fundadores del grupo entraron en contacto con proveedores de cocaína en Costa Rica, Panamá y Colombia.

Para 2004, cuando el presidente Antonio Saca llegó al poder, ya Los Perrones movían cocaína desde Costa Rica hasta mercados en Estados Unidos. Ese año, con ayuda de agencias federales de Estados Unidos, unidades élites de la policía, las aduanas y el ministerio de hacienda intentaron apresar a los principales líderes de la banda, pero nunca tuvieron éxito, en gran parte porque los narcos recibían información privilegiada desde el gobierno, según han confirmado a Infobae un exministro de hacienda y varios investigadores salvadoreños y estadounidenses que estuvieron ligados a aquellas operaciones.

Uno de los operadores políticos que ayudó al crecimiento de Los Perrones fue Herbert Ernesto Saca Vides, primo del entonces presidente Antonio Saca. Herbert Saca compartió abogado con Reynerio Flores Lazo, uno de los líderes de Los Perrones, y movió dinero, a través de una de sus empresas, a Élmer Bonifacio Medrano, uno de los fundadores de la banda.

Gustavo Villatoro, ministro de seguridad de Nayib Bukele, fue director de aduanas durante el apogeo de una de las bandas de narcotráfico más importantes del país. 

Cuando Herbert Saca hacía trato con Los Perrones y la influencia de la banda crecía en El Salvador, el director general de aduanas era un joven fiscal llamado Gustavo Villatoro, quien, como el fiscal general Delgado, había hecho su carrera en unidades especializadas de investigación de la FGR. Villatoro, según han confirmado a Infobae un exministro de hacienda y dos oficiales del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), era muy cercano a Herbert Saca en aquellos años.

Villatoro también estaba sentado en la mesa del presidente Nayib Bukele el 16 de octubre pasado, a su derecha, junto al fiscal acusado de torturas y exempleado de Alba Petróleos, la procuradora condenada por nepotismo y el director policial que protegió a los asesinos de una de sus agentes.